Entidades y sindicatos critican el “voluntarismo” de la ley de vivienda
La Generalitat recibe al menos tres alegaciones al anteproyecto
La ley exprés contra la emergencia habitacional con que la Generalitat busca reemplazar la norma suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional sigue su trámite. Al menos el Ayuntamiento de Barcelona, la UGT y Cáritas han presentado alegaciones al anteproyecto. Todas las partes alaban la celeridad con que se ha buscado una alternativa, pero recelan de algunos aspectos. Entidades y sindicatos ven que la norma se apoya mucho en la mediación, con un carácter voluntarista, algo que consideran que reduce su efectividad.
El departamento de Gobernación no especificó cuántas alegaciones ha recibido el anteproyecto. Lo cierto es que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), muy crítica con el texto que resultó de las negociaciones con la Generalitat, no ha presentado ninguna propuesta para enmendarlo. Tampoco lo ha hecho la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales catalanas, al contrario que Cáritas, el Ayuntamiento de Barcelona y la UGT.
El plazo para presentar alegaciones expiró a mediados de este mes, lo que también ha generado malestar en las entidades. “Entendemos la urgencia, pero no es la época más adecuada para hacer estas exposiciones públicas. La PAH fue la promotora de la ley, pero otras entidades que dimos apoyo también teníamos cosas que aportar”, critica Llorenç Serrano, responsable de vivienda de CC OO. El sindicato esperará al trámite parlamentario para intentar incluir sus propuestas.
Barcelona pide controlar el alquiler abusivo
Barcelona solo ha presentado una alegación al anteproyecto de ley de emergencia habitacional. Con ella pretende modificar, con una disposición adicional, la ley de vivienda de 2007 y multar con cantidades que pueden llegar a los 90.000 euros cuando se acuerde un alquiler abusivo. La medida se aplicaría a las viviendas inscritas en el registro de pisos vacíos, las “suceptibles de serlo” y aquellas que están habitadas aunque no exista un “título habilitante”, y que, además, tengan un cánon que implique al arrendatario un esfuerzo económico superior al 20% de los ingresos medios del municipio donde está el inmueble. El Ayuntamiento pide que las grandes ciudades puedan delimitar áreas para la aplicación de la restricción.
“No se habla mucho del acceso al alquiler, uno de los problemas habitacionales a los que ahora nos enfrentamos y en el que tenemos pocas competencias”, opina Laura Pelay, vicesecretaria general de UGT. La única alegación que presentó el Ayuntamiento de la capital catalana va en la línea de modificar la ley de vivienda de 2007 para poder multar el precio de alquiler abusivo. “Poner tanto énfasis en la mediación, que se basa en la buena voluntad de las partes, limita la efectividad. Tendremos que estar muy encima para vigilar el cumplimiento”, agrega la líder sindical.
El anteproyecto apuesta por la vía de la expropiación temporal del uso de la vivienda por un tiempo de entre cuatro y diez años, para que los pisos vacíos de los bancos tengan un fin social. El precio lo fijará un jurado de expropiación tras un largo proceso. Pelay duda que la situación económica de las arcas catalanas permitan utilizar de manera efectiva este mecanismo. La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha defendido que esto se puede compensar con que las entidades bancarias se vean obligadas a entregar los pisos en condiciones para entrar a vivir. UGT también pide más recursos para Ofideubte, el servicio de información, asesoramiento y mediación dirigido a las familias con dificultades para atender el pago de hipotecas.
Ampliar los beneficiarios
Cáritas, por su parte, insiste en la necesidad de ampliar la definición de situación de sobreendeudamiento para dar cobijo a más casos derivados de la crisis económica. La entidad propone que, además de causas sobrevenidas como el desempleo o la incapacidad de un miembro de la unidad familiar, que impidan hacer frente a las deudas, se tenga en cuenta la disminución de capacidad económica derivada de las situaciones del mercado financiero.
En concreto, la entidad católica aboga por tener en cuenta “las circunstancias económicas y financieras que hayan implicado un aumento significativo de la carga hipotecaria ajenas a la voluntad del deudor”, según el texto de las alegaciones presentado ante Gobernación. Otra de las peticiones de Cáritas es que no se obligue a los afectados por la dación en pago a ser los responsables de comunicar a la Administración el acuerdo al que se ha llegado con los acreedores. La entidad pide crear un sistema de colaboración para no vulnerar los derechos de los afectados.
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