La Audiencia de Valencia confirma el procesamiento de la exconcejal Alcón

La Audiencia de Valencia ha dejado a un paso del banquillo de los acusados a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, así como a varios de sus familiares, por un supuesto delito de fraude fiscal. Alcón, la investigada en el caso Taula cuyas indiscreciones telefónicas permitieron a la Fiscalía Anticorrupción y a la Guardia Civil descubrir en el grupo municipal del PP un supuesto delito de blanqueo de capitales, había recurrido la decisión de una juez de Mislata.

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La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia aprecia "indicios de la supuesta comisión de delito por parte de los investigados" por fraude fiscal; tres hermanos de la exedil y su madre. El supuesto engaño al fisco se habría producido con motivo de la herencia de su padre, y asciende según ha determinado de forma indiciaria la juez a 190.000 euros.

Frente a los argumentos de los procesados, la Sección Tercera considera "acertada y correcta" la decisión de la magistrada instructora. E insta a Alcón y sus familiares a plantear sus argumentos, como la ilicitud del procedimiento tributario, durante el juicio.

Una vez rechazado el recurso, contra el que se manifestaron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la juez deberá decidir si abre o no juicio oral contra Alcón, que es esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

Después de años de poder en Valencia gracias a la confianza que en ellos tenía depositada la exalcaldesa Rita Barberá, Alcón y Grau tienen abundantes problemas judiciales y están fuera de las instituciones.

Alcón está acusada de cohecho, prevaricación y malversación en el caso Taula por amañar presuntamente contratos en el marco de una trama del 3% vinculada al PP valenciano que operó durante más de una década. También está siendo investigada por blanqueo de capitales. Se trata de los mismos hechos por los que el juez Víctor Gómez ha pedido al Tribunal Supremo que impute a Barberá.

Grau, por su parte, ha sido juzgado en el caso Nóos por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento al instituto de Iñaki Urdangarin. Y también está acusado, en otro procedimiento diferente, de fraude fiscal y cohecho.