“Crear la renta municipal es más complejo de lo esperado”

La ecosocialista Laia Ortiz (Barcelona, 1979) tiene a su cargo dirigir los servicios sociales de la capital catalana en un momento de recuperación macroeconómica que sigue sin notarse en la calle. Un escenario en el que la atención ha pasado de velar por las urgencias sociales para afrontar la cronificación de muchos casos, una señal de la necesidad de repensar el modelo.

Su equipo lleva meses envuelto en un ambicioso plan para diseñar los servicios sociales del futuro —Impulsem— pero los profesionales creen que las soluciones no pueden esperar más. La última de las quejas llegó hace dos semanas, por parte de los equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA). Estos trabajadores, que atienden a menores con alto riesgo, denuncian que la falta de personal y el aumento de la burocracia en su actividad diaria los está llevando al borde de “una desatención grave a la infancia”.

Pregunta. A pesar del diálogo abierto en Impulsem, continúan las quejas de los trabajadores sociales. También el Síndic de Greuges ha expresado su preocupación ¿Qué pasa?

Respuesta. Los servicios sociales están diseñados para abordar la situación de la Barcelona de hace diez años, no para un escenario de crisis, donde los efectos se han agravado por recortes de ayudas como la Renta Mínima. Por un lado nos faltan instrumentos, estamos negociando con la Generalitat el nuevo contrato programa. Queremos avanzar desde una respuesta asistencial a una de derechos garantizados. Impulsem busca ir en esta dirección y para mí la crítica es positiva. Significa que tenemos unos trabajadores sociales vivos y exigentes.

P. ¿Las ayudas que promueven no han sobrecargado aún más a los profesionales?

R. Al contrario, creo que lo que buscan es quitar burocracia. Esa fue una de sus primeras peticiones. Los puntos de asesoramiento energético, por ejemplo, no entran en el circuito de los servicios sociales. También hemos centralizado la tramitación de los certificados de vulnerabilidad social que evitan cortes de suministros. Las tramitaciones de la renta de 100 euros por niño la hemos extendido a la tarde para descongestionar las oficinas.

P. Pero esas tramitaciones las hacen los mismos trabajadores, con horas extras. Es decir, falta personal...

R. Son trabajadores voluntarios y esas horas las cobran por aparte. De todas maneras creo que la flexibilidad en los horarios como una manera de lograr más espacio para la intervención social es uno de los temas clave en el futuro de los servicios sociales.

P. ¿Qué pasó con los 41 trabajadores prometidos en marzo?

R. Se incorporarán en septiembre. Ha costado mucho, primero por un tema presupuestario y después por la forma como se realiza la contratación. El Ayuntamiento quería tener un plan global de nuevas incorporaciones. Tampoco teníamos convocadas bolsas de sustitutos, lo que ahora permitirá cubrir bajas, que era otro de los problemas.

P. Los educadores hablaban en su manifiesto de estar al borde “desatender a la infancia”. ¿Qué reflexión le genera eso?

R. Sí, hay un problema. Y en septiembre y octubre ampliaremos las ratios dentro de los EAIA, con la incorporación de 14 personas. Reconozco que los profesionales llevan más casos de los que deberían y tenemos cambiar esa situación. Pero lo que sucede en Barcelona es una expresión de lo que sucede en todo el país y por eso pedimos que se reconozca el efecto capitalidad a la hora de financiar los servicios sociales.

P. ¿Qué quiere decir eso?

R. Queremos que la Generalitat reconozca los cambios demográficos que tenga en cuenta la desigualdad y otras cuestiones de complejidad a la hora de decidir los recursos que nos tocan. Ahora ciframos en 30 millones de euros la infrafinanciación. Por ejemplo, el Gobierno catalán no pone un solo euro en las políticas de sin techo y nosotros aportamos 20 millones de euros al año.

P. La renta municipal complementaria fue una de las principales promesas electorales. ¿Qué pasó con ella?

R. Ponerla en marcha ha sido más complejo de lo que esperábamos pero la idea es implementarla en 2017. Hemos hecho todos los informes de diagnóstico, ahora estamos analizando los datos de una macroencuesta a 6.000 usuarios de los servicios sociales. Lo más difícil es la arquitectura para pasar de una ayuda puntual a otra de derechos, en la que necesitas mucha información, por ejemplo, datos fiscales.

P. ¿No son víctimas de todas las expectativas que han creado?

R. El problema es la gestión del tiempo: darte cuenta de que las cosas no pueden ir tan rápido como te gustaría, como las contrataciones. Pero sí, la gestión de la gran expectativa es uno de los mayores retos de nuestro Gobierno.