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Puigdemont reformula el impuesto sobre las nucleares

El Gobierno catalán alega impactos medioambientales para driblar el veto del Constitucional

Vista de la central Nuclear de Ascó, en Tarragona.

La Generalitat anunció ayer la fórmula que espera utilizar para poner en marcha el impuesto catalán a las plantas nucleares, anulado por el Tribunal Constitucional hace cuatro meses. El tributo rediseñado gravará el riesgo medioambiental de la producción, custodia y dispersión de elementos radiotóxicos en lugar de la producción de energía mediante ese método, como preveía la tasa desestimada por el Alto Tribunal. El Gobierno catalán calcula que así podrá ingresar 40 millones de euros anuales.

El Constitucional declaró en abril pasado que la tasa no era acorde a la ley debido a que era “coincidente con los del impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos resultantes de la generación de energía nucleoléctrica”.

La Generalitat considera que la fórmula medioambiental logra salvaguardar el veto del Alto Tribunal. Este impuesto es finalista y buena parte de su recaudación irá a las zonas donde están las plantas. De acuerdo con el anteproyecto de ley del tributo solo se cobrará mientras los residuos “no estén neutralizados o dispuestos en un depósito de larga duración”.

El impuesto a las grandes superficies comerciales, que también había sido declarado inconstitucional, también ha sido reformulado para darle un enfoque medioambiental. Se gravará el impacto del tráfico rodado que lo visite en lugar de los metros cuadrados que ocupan los centros comerciales.