Puigdemont: “Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament”
La CUP abunda que desacatará al Constitucional para seguir desplegando el proceso
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha contestado esta tarde a la decisión del Tribunal Tribunal Constitucional de suspender por unanimidad la resolución de despliegue del proceso independentista con un mensaje firme en las redes sociales. “Obedeceremos, ya lo creo. Obedeceremos al Parlament, cumpliremos el compromiso con los ciudadanos y construiremos un Estado libre, moderno y próspero”, afirmó. En una réplica en toda regla al Alto Tribunal y al Gobierno, el president abundó: “Obedecer a un Parlamento escogido por los ciudadanos no es, para un demócrata, ningún sacrificio. El Estado español, en cambio, lo convierte en una proeza”.
La posición de Puigdemont ha coronado así la mantenida durante todo el día por Junts pel Sí y la CUP que se han mostrado su disposición a cumplir el mandato independentista emanado del 27-S. En un comunicado, Marta Pascal, coordinadora general del Partit Demòcrata Català, heredero de la antigua Convergència, ha advertido: "Nada nos hará renunciar a seguir siendo fieles al mandato de las urnas del 27-S. Al Partit Demòcrata nos guía ese mandato". La también diputada ha acusado al Estado de romper de nuevo "los principios básicos de la democracia" y ha subrayado que la separación de poderes "hace tiempo que no existe". "Es inaceptable que el Constitucional anule una resolución política que emana de la soberanía del pueblo de Cataluña", ha señalado.
Vivimos una crisis institucional que nos sitúa casi en el franquismo", dice Albiol
Con todo, ni Puigdemont ni Pascal han empleado, a diferencia de sus socios, la palabra desacatar. Minutos después de conocerse el contenido del auto, la CUP ha anunciado que no se moverá ni un ápice. "Pese a la suspensión seguiremos con el despliegue del proceso constituyente y no acataremos la resolución del tribunal", ha afirmado la diputada Mireia Vehí. El documento aprobado en la Cámara catalana por los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP fija "mecanismos de unilateralidad" para resolver sin el permiso del Estado el conflicto soberanista. En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, se ha reafirmado en la posición del bloque independentista. "Nos mantendremos fieles al Parlament de Cataluña y si hay que desacatar, desacataremos". En opinión del republicano, el Estado ha optado de forma "desvergonzada" por la "vía autoritaria y por la vía de la violencia judicial", ha señalado en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Las entidades soberanistas y Sí que es Pot piden el referéndum
Las tres entidades soberanistas, la Asamblea nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, lamentaron la judicialización del conflicto y acusaron al Gobierno español de utilizar el Constitucional como "arma política" contra el proceso soberanista. Tras mostrar su apoyo a Forcadell, los tres colectivos acusaron al Ejecutivo de Rajoy de falta de falta de "diálogo y entendimiento" e instaron a las fuerzas políticas que no secunden esa vía que apoyen un referéndum pactado.
"La concreción de una fecha y una pregunta para el ejercicio del derecho a decidir para celebrar un referéndum sobre la independencia es una la única vía para evitar una colisión institucional", señalan en un comunicado.Lluís Rabell, presidente de Catalunya Sí que es Pot, ha destacado que resulta "imposible" resolver el conflicto por la vía penal y ha vuelto a reivindicar el referéndum como instrumento para salir del callejón "sin salida". "El PP se obstina en tirar de amenazas. La decisión del TC certifica la imposibilidad de resolver el conflicto planteado como una cuestión judicial y aún menos como una cuestión penal". "Insistimos en que al final, le pese a quien le pese, habrá que dar la palabra a la ciudadanía", ha defendido.
El auto del Tribunal Constitucional da un plazo de 20 días a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la institución que aporten documentación sobre el cumplimiento de la resolución del 9 de noviembre de inicio del proceso de independencia ya suspendida con antelación. El Constitucional recuerda que esa documentación está vinculada a la "eventual" adopción de medidas. La ley del organismo prevé desde una multa (de 3.000 a 30.000 euros), la inhabilitación o impulsar la vía penal. En declaraciones previas a trascender la resolución, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que la inhabilitación de cargos electos supondrá "un punto de no retorno por parte del Estado". La mayoría de dirigentes secesionistas han apoyado a Forcadell, que mañana delegará sus funciones para irse 10 días de vacaciones. Raül Romeva, consejero de Exteriores, ha recordado que la resolución del Parlament la votaron 72 diputados y que todos son por tanto corresponsables.
La interpretación del bloque secesionista contrasta con la que ha realizado sin ir más lejos el popular Xavier García Albiol, que ha calificado la resolución de “sensata y atemperada” y confía en que ese "toque de atención" sirva a los independentistas para recuperar el “sentido común”. “Estamos a ver qué alegan. Vamos a ver si siguen con esos argumentos infantiles y fantasiosos a la hora de justificar ese comportamiento”, ha dicho. El diputado ha pedido a los secesionistas que abandonen el “victimismo” ni enciendan los ánimos con vistas al “akelarre” de la Diada.
“Estos partidos pueden conseguir lo que no consiguió Franco: poner en riesgo la autonomía y el autogobierno. Están poniendo en riesgo la democracia en Cataluña y eso no pasaba desde los tiempos de Franco”, ha zanjado en unas declaraciones que generaron rápidamente una ola de reacciones en la red. Minutos después, Albiol ha aclarado: "Es evidente para todos en tiempos del franquismo no había autonomía. Ha sido un error de exposición que ha quedado claro en mi último tuit". Su último mensaje decía: "Vivimos una crisis institucional que nos sitúa casi en el franquismo. Son los separatistas los que ponen en riesgo el autogobierno".
Ciudadanos realizó una visión menos tremendista. José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa, ha subrayado que no estamos en el mismo escenario y que la misma resolución del Constitucional indica que España es un régimen democrático. Como vicepresidente del órgano de gobierno de la Cámara, el diputado podrá presentar sus alegaciones al Alto Tribunal. "Ya dije, también en el Pleno, que no me parecía bien que la presidenta se saltara la resolución anterior -que instaba a no celebrar el debate- y que a través del reglamento de la cámara cometiera fraude de ley".
La diputada del PSC Alícia Romero ha considerado que era "previsible" la decisión del Constitucional. En declaraciones a Europa Press, la diputada ha recordado que el TC ya advirtió de que la votación era inconstitucional antes de que se produjera y pidió a los miembros de la Mesa que la evitaran: "Ya hubo un aviso, por lo que la decisión de suspenderla no sorprende a nadie. La respetamos y la vemos razonable. Ahora hay que ver qué pasa", ha dicho sobre la posibilidad de multar a Forcadell o de inhabilitarla.
