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Anticorrupción investiga los torneos de golf de Camps y Fabra

La fiscalía incorpora la documentación de los pagos de la Generalitat a la investigación sobre Púnica

Carlos Fabra a su salida de la Audiencia Provincial de Castellón, el año pasado.
Carlos Fabra a su salida de la Audiencia Provincial de Castellón, el año pasado.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha incorporado la documentación de los torneos de golf celebrados en Castellón y patrocinados por la Generalitat y la Diputación al marco de las investigaciones de la operación Púnica, a raíz de la denuncia hecha por los diputados de Compromís Joan Baldoví y Marta Sorlí.

En concreto, el fiscal instructor remite la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y al Juzgado Central de Instrucción número 6, “para su conocimiento y valoración” en relación con las diligencias previas que se están practicando en este juzgado sobre la citada operación Púnica, según ha informado la formación política valenciana.

La Generalitat y la Diputación de Castellón, con Francisco Camps y Carlos Fabra al frente, pagaron hasta 11,5 millones de euros por las cuatro ediciones del Castellón Masters Golf Costa Azahar que se celebraron entre 2008 y 2011 en el campo de golf del que era presidente Carlos Fabra.

Aunque se celebraron cuatro ediciones y la Diputación cumplió con sus compromisos (1,2 millones de euros más IVA e incremento de IPC) en la documentación aportada por Compromís no existen registros de los pagos que debería haber hecho la Generalitat por la edición de 2011.

La Generalitat y la Diputación de Castellón se comprometieron a pagar ocho millones de euros más IVA a la empresa Match Golf Consulting SL por cuatro ediciones de este torneo y, además, acordaron cubrir hasta un máximo de tres millones de euros anuales en concepto de patrocinio si la organizadora no conseguía cubrirlos con patrocinadores privados.

En el año 2010 la Generalitat abonó 4.007.802,43 euros a la empresa Match Golf Consulting SL, propiedad de la esposa del exjefe de gabinete de Francisco Granados, cubriendo la totalidad de los patrocinios privados hasta los citados tres millones de euros. No obstante, esas cantidades no estaban presupuestadas.

En concreto, la secretaria autonómica del deporte, Niurka Montalvo, eleva una petición en abril de 2010 a la Consejería de Hacienda para que le permita aumentar la partida denominada “Fomento de la actividad deportiva” y poder abonar así los compromisos derivados del convenio. Inicialmente la partida estaba dotada de 84.000 euros y Niurka Montalvo solicita incrementarla hasta los 3.480.000.

Así mismo, la Diputación abonó a esta empresa 625.000 euros a través de la sociedad pública de gestión del aeropuerto de Castellón (AEROCAS) entre los años 2006 y 2010 para la celebración de torneos en la provincia. La institución provincial siguió contratando con esta empresa al menos hasta julio de 2012, en el que organizó un torneo patrocinado por el Patronato Provincial de Turismo. De esta manera, entre ambas instituciones abonaron casi 13 millones de euros.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví espera que “los tribunales establezcan el grado de responsabilidad de los políticos que firmaron este convenio presuntamente fraudulento y arbitrario”. A su vez, la diputada Marta Sorlí ha manifestado que la decisión de la Fiscalía apunta a que “se vuelve a demostrar que no nos encontramos frente a casos aislados”.

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