Madrid prepara “alternativas” al internamiento de los ‘sin papeles’ en el CIE
Carmena apoya la decisión de Colau de bloquear la reapertura del centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca
La alcaldesa de Madrid ha informado este lunes de que el Consistorio está estudiando la puesta en marcha de "alternativas" a la detención de los inmigrantes indocumentados en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche. El Consistorio ha mostrado, además, su apoyo a la decisión de la alcaldesa de Barcelona de bloquear la reapertura del centro de Zona Franca, y ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para asegurar que no se vulneren los derechos humanos de los internados. Con respecto al CIE de Aluche, Carmena ha añadido que se trata de una "institución fracasada", puesto que no cumple con su objetivo de expulsar a los 'sin papeles' en un periodo de tiempo de dos meses.
La polémica sobre los centros de internamiento de extranjeros irregulares llega a las principales ciudades españolas. Después de que la alcaldesa de Barcelona bloqueara la reapertura del CIE de Barcelona, su homóloga madrileña, Manuela Carmena, expresó su apoyo a la decisión del Ayuntamiento de la capital catalana y aseguró que el Consistorio de Madrid está trabajando para llevar adelante un modelo "alternativo" al internamiento de los extranjeros 'sin papeles' en el CIE de Aluche.
La alcaldesa y el delegado del área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, han informado de que estudiarán los informes técnicos provenientes de otros centros, como el de Barcelona, para asegurar que los internados en el CIE de Aluche gocen de las mismas garantías de otros ciudadanos. "Tenemos competencia en derechos humanos y en el cumplimiento de las ordenanzas municipales", sostuvo Barbero, y detalló las áreas en las que el Consistorio piensa actuar: vigilancia sobre cómo se realiza la fase anterior al internamiento; puesta en marcha de una red informativa que sirva tanto a los indocumentados como a otros centros, y análisis de las condiciones fitosanitarias del establecimiento de Aluche.
La alternativa a Aluche se estudiará en una mesa de trabajo que, según el Ayuntamiento, analizará la condición de los extranjeros indocumentados antes y después de su internamiento en el CIE. El Consistorio aún no ha contactado con el Ministerio de Interior sobre la actividad de esta mesa de trabajo, aunque Carmena admitió que tiene previsto hacerlo una vez que haya definido un documento en el que concreten cuál es esta alternativa.
Situación aún más caliente se vive en Barcelona, donde el Ayuntamiento estudiará si pedir responsabilidades penales al Ministerio del Interior por desobedecer la orden de cese de actividades del CIE de la Zona Franca y no permitir el acceso a los inspectores municipales. Así lo ha explicado Jaume Asens, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, en una cumbre convocada por la alcaldesa, Ada Colau, en la que el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Parlament y varias entidades se han reunido para exigir el cierre del CIE de la Zona Franca. Durante la reunión, Asens consideró que "hay que ver si la desatención de órdenes puede tener algún tipo de responsabilidad penal".
Una "institución fracasada"
La delegada del distrito madrileño de Carabanchel, Esther Gómez, incidió en el clima de "miedo" al que están sometidos las personas que pueden estar ingresadas en los CIE. "Los derechos humanos no son declaraciones. Es obligación de la administración velar para el cumplimiento de estos derechos", sostuvo. "Las personas del CIE son vecinos y vecinas de Madrid", explicó Barbero, quien subrayó la importancia de que no se realicen "identificaciones indiscriminadas" por parte de las autoridades.
"El Centro de Aluche es además una institución fracasada", agregó Carmena hablando de los tiempos de detención de los inmigrantes sin documentación. "El motivo del internamiento es la expulsión antes de dos meses, pero no se lleva a cabo", dijo. Mauricio Valiente, tercer teniente alcalde de Madrid, señaló el "sin sentido" de que pasar por estos centros se perciba como un "castigo". "Creemos que es una obligación ofrecer alternativas razonables que lo evite", asumió.
