Aplazado el debate sobre la cuantía de la renta garantizada

Primero el modelo de prestación y después, la cuantía. Esa es la hoja de ruta de negociación que están siguiendo los grupos parlamentarios y la comisión promotora de la Iniciativa de Legislatura Popular (ILP) de la Renta garantizada de Ciudadanía. El texto original, apoyado por 121.000 firmas, propone dar 664 euros mensuales a las familias con ingresos inferiores a 7.967 euros anuales. La mayoría de partidos consideran imposible alcanzar esa cifra y creen que, con el modelo definido, será más fácil modular a cuánto ascendería la mensualidad.

Los promotores de la ILP han iniciado una ofensiva para presionar más a los grupos parlamentarios y agilizar la aprobación de la iniciativa. Además de intentar obtener el apoyo de diferentes Ayuntamientos, quieren forzar una reunión con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para darle visibilidad a su causa, en trámite desde 2011. Esquerra, el PSC e Iniciativa figuran entre las entidades adheridas a la ILP, junto con los sindicatos y entidades sociales como Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) o el Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña.

En muchas ocasiones, los promotores han asegurado que la cuantía es una de las líneas rojas de la negociación y han amenazado con retirar la propuesta en caso de que se quiera cambiar el articulado. “No queremos que esto sea una ley de la dependencia dos, con muchas expectativas y sin tener cómo cumplirlas”, confiesa Chakir El Homrani, diputado de Junts pel Sí. Una posición que comparte el socialista Raúl Moreno, que recuerda que la propuesta de la ILP implicaría una partida de al menos 2.000 millones de euros.

La propuesta de algunos los partidos rebaja hasta 426 euros el dinero que se daría mensualmente, reduciendo casi a la mitad el coste total de la renta. Catalunya Sí Que Es Pot, que hace suyo el texto de la ILP, intenta hacer las veces de árbitro en las negociaciones, pero fuentes de la coalición aceptan que a la propuesta le falta “un toque de realidad”. Lo cierto es que todos los grupos concuerdan en la importancia de sacar adelante una renta, para tener un instrumento clave en la lucha contra la pobreza.

Para evitar el bloqueo, los grupos y los promotores han optado por dejar como último punto de la discusión el tema de la cuantía. “Teniendo un modelo listo es más fácil abordar la parte económica”, cree El Homrani. Los impulsores creen que el margen para la negociación se encuentra en los complementos que se tendría por cada miembro de la familia.

Las negociaciones han permitido acordar los requisitos; por ejemplo, que se acceda a los 23 años, en línea con ayudas similares que se dan en otras Comunidades Autónomas. Solo se concederá la renta a menores (desde los 18 años) si, por ejemplo, tienen hijos o dependientes a cargo. También hay consenso respecto a la complementariedad con otros trabajos y prestaciones, para no desestimar el mercado laboral. “Tiene que estar en concordancia con el Salario Mínimo Interprofesional”, dice el diputado de Junts pel Sí. Moreno, sin embargo, plantea dudas sobre la capacidad del Servicio de Ocupación de Cataluña para dar respuesta a los planes de formación que se deriven de la renta garantizada. La diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle, certifica los retrasos en las negociaciones y pone como meta tener la ley antes de finales de año.

Los grupos parlamentarios creen que al debate de la renta debe seguir el de la simplificación del mapa de prestaciones sociales, que no se modifica desde 2011. Esto permitiría liberar recursos de algunas ayudas para financiar la renta, aunque no está claro cuáles se pueden compactar. “Hacerlo ahora dilataría la negociación de la renta”, cree El Homrani.