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La Fiscalía investiga a Oriol Pujol por amenazas a Carina Mejías

El Ministerio Público indaga sobre el SMS que denunció la concejal de Ciudadanos el pasado lunes

El exdiputado de CDC Oriol Pujol, en una imagen de archivo.
El exdiputado de CDC Oriol Pujol, en una imagen de archivo.Albert García
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Ciudadanos denuncia a Oriol Pujol por amenazas
Oriol Pujol negocia con la Fiscalía aceptar ir a la cárcel por el ‘caso ITV’

La Fiscalía ha abierto este miércoles una investigación al exdiputado de CDC Oriol Pujol por un delito de amenazas, a raíz del mensaje telefónico que envió a la concejal de Ciudadanos en Barcelona Carina Mejías, en el que presuntamente le recriminaba que quisiera indagar en los negocios de su familia. Mejías puso una denuncia contra Pujol el pasado lunes, en la que adjuntó el mensaje que recibió del hijo del expresidente de la Generalitat: "Sabía que eras una persona retorcida. Esto te dará malvivir. Cuídate".

Después de recibir el SMS, al que Mejías no respondió, la líder de Ciudadanos en Barcelona acudió al notario para que certificase la procedencia del mensaje. Las diligencias de la investigación tienen un plazo máximo de seis meses, según han informado a Efe fuentes del ministerio público.

Mejías recibió el SMS de Pujol un día después de que Ciudadanos propusiera, el pasado 1 de julio, la creación de una comisión de investigación para analizar las supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos por parte de la agencia pública Barcelona Regional durante el mandato del exalcalde Xavier Trias (CiU). Cuatro de estos contratos, por valor de 140.000 euros, se cerraron con la empresa mercantil Entorn S.A., vinculada a Pere Pujol Ferrusola, hermano de Oriol Pujol. Otros contratos que Ciudadanos planteó investigar son los que se adjudicaron por valor de 286.000 euros durante dos años a Exit de Disseny, una empresa fundada por un primo de Oriol Pujol.

Oriol Pujol, el único de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política, y que abandonó su escaño en 2014, está pendiente del juicio por el caso ITV. La Fiscalía pide para él cinco años y dos meses de cárcel por aprovechar su poder político para favorecer a un empresario.

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