Marejada en el PP ante la negativa de Daniel Ortiz a abandonar su escaño

La situación en la que se encuentra el diputado popular de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz, al que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido investigar por su presunta vinculación en la trama Púnica, ha abierto el debate en el seno del grupo popular de la Asamblea en cuanto a la conveniencia o no de su dimisión y la consecuente entrega del acta. Muchos de los diputados interpretan que la obligación de abandonar el escaño por el mero hecho de resultar investigado es "excesiva" e "injusta". Hasta tal punto parece desproporcionada, que existe la sensación de no ser lo más acertado. Sobre todo si se compara con el código ético del PP Nacional, en el que también existe el compromiso de dejar el escaño, pero siempre que se produzca apertura de juicio oral.

A pesar de estas opiniones discordantes, los parlamentarios admiten que la firma del documento que les compromete a dar dicho paso en el caso de que un juez abra una investigación se realizó sin ninguna presión. “A nadie se le puso una pistola en la cabeza”, puntualizan fuentes del PP. El punto de fricción, del que ahora el PP se encuentra rehén, forma parte del acuerdo de investidura firmado entre Ciudadanos y PP, que permitió gobernar a Cristina Cifuentes tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

El diputado, que asiste hoy al pleno de la Asamblea, no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su decisión, aunque fuentes de su entorno indican que en ocasiones ha mostrado su reticencia a entregar el acta. En el caso de que dejara su lugar en el hemiciclo, dejaría de ser aforado y la pieza volvería a manos del juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional. Cifuentes, sin embargo, insistió ayer en que Ortiz dimitiría en el momento en el que se produjera “el auto formal” de investigación. “Si esto no ocurre, podría estar en peligro el pacto de investidura”, advirtió Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.

En el caso de que Ortiz no dejase su escaño, pasaría al grupo mixto o de diputados no adscritos. Su poder en la Asamblea sería total, ya que la suma de diputados del PP y Ciudadanos actualmente es solo superior en un escaño al de PSOE y Podemos. Ortiz decidiría en los casos de empate. 

En las filas del PP, intentando reducir la tensión interna, se recuerda el caso del exalcalde de Las Rozas José Ignacio Fernández Rubio, que en junio de 2015 estaba imputado y tuvo que abandonar el Ayuntamiento porque Ciudadanos se negaba a apoyar a su partido (que a pesar de ser la lista más votada no tenía los suficientes ediles). En marzo de 2016, Fernández Rubio fue exculpado del delito de prevaricación del que había sido acusado junto a cuatro miembros de la corporación. Si se hubiera esperado a que el procedimiento estuviera más avanzado, el exregidor seguiría en su puesto, porque ahora, se preguntan en el PP ¿quién le resarce por todo lo que ha pasado?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anunció ayer que iba a investigar a Ortiz por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely (implicada en la trama Púnica) con un contrato de eficiencia energético por 73 millones en Móstoles. La adjudicación se produjo cuando era alcalde del municipio Ortiz y el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional sospecha que pudo existir un soborno de 746.000 euros.