La cúpula de la Policía Municipal llevará al Ayuntamiento ante el juez
La Asociación de Jefes mantiene que los cambios de los mandos son ilegales
La Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid (AJPMM), que engloba al 95% de los 60 integrantes de la escala técnica, acudirá en los próximos días a los tribunales por los cambios efectuados en la cúpula policial por el Área de Seguridad. Este colectivo estudia si inicia un proceso contencioso-administrativo o denuncia en lo penal a los responsables de la concejalía por prevaricación. Otros mandos apuestan por presentar en la fiscalía toda la documentación relativa a la destitución de 16 jefes sin haber convocado un concurso o una oposición, y por haber repartido, a su juicio, los destinos de forma arbitraria.
Los cambios fueron notificados de manera verbal el 16 de junio a los 60 integrantes de la escala técnica, a los que se les impusieron los destinos sin tener en cuenta ni su rango ni su nivel en la Administración local. Sin embargo, según el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, se respetaron los principios de “transparencia, mérito y capacidad”. También recalca que esos cambios son provisionales. Desde la AJPMM discrepan y mantienen que se ha vulnerado la legalidad que ellos mismos pretenden defender y que recoge el Plan Director, el libro donde figuran las directrices de actuación del cuerpo.
El anuncio de los jefes de la policía de acudir a los tribunales es el último episodio del desencuentro entre ellos y los responsables políticos del cuerpo. Cuando se hizo más palpable fue durante la fiesta del patrón de la Policía Municipal, el día de san Juan (24 de junio). La celebración no se hizo en un lugar público y accesible —en los años anteriores se realizó en El Retiro—, sino que el equipo del concejal responsable de Seguridad, José Javier Barbero, la trasladó al teatro auditorio de la Casa de Campo. Sólo era posible acceder con invitación. La mitad de los mandos faltó y los que asistieron se sentaron en lugares distantes. Pero ese acto, el más importante para la Policía Municipal (6.200 agentes), fue la punta del iceberg.
La aprobación del Plan Director ya había sentado muy mal. El concejal presentó el documento como una innovación, en el que se apostaba “por una policía más comunitaria, de proximidad, orientada a la resolución de problemas, preventiva, democrática y cooperadora”. En suma: los agentes deberán estar en la calle y conocer los problemas de los ciudadanos.
Más problemas: bares ilegales y delitos de odio
El concejal de Seguridad llevó a la fiscalía el hallazgo de una caja fuerte con unos 30.000 euros procedentes de los tres bares que gestionaba la Policía Municipal en sus sedes y que tenían gran popularidad por sus bajos precios. Ese dinero no constaba en las cuentas del cuerpo y se destinaba a celebrar el patrón o a pagar las coronas para agentes fallecidos en acto de servicio. La fiscalía no vio delito y dijo al Ayuntamiento que regularizara el dinero con la Agencia Tributaria.
Los delitos de odio también han causado enfrentamientos. La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ya avisó al Ayuntamiento de que no permitirá que la Policía Municipal los investigue, como pretendía la alcaldesa, ya que son competencia de la Policía Nacional.
La respuesta de los mandos quedó clara desde el principio. Según ellos, el plan no añadía nada nuevo. “Nos han vendido humo”, resumía uno de ellos mando tras la presentación, el 31 de marzo.
Como un jarro de agua fría cayó la creación del llamado Comité Ético, un órgano externo a la policía, formado por diversos profesionales y asesores que fiscalizarán las actuaciones de los agentes. Algunos sindicatos recordaron a Barbero y al director general de la Policía, Andrés Serrano, que ya existen dentro del cuerpo unidades (Asuntos Internos y Régimen Disciplinario) para atajar las conductas alejadas de la ley. “Solo nos falta que vengan de fuera a decir cómo tenemos que trabajar”, recordaron desde el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), sindicato mayoritario del cuerpo.
Patrullaje a pie
Desde el principio, el concejal ha querido que los policías estén más pegados a la calle y a los problemas vecinales. Lo ha repetido en todos los foros. Apuesta por agentes más mediadores y menos represores, pero sin dejar de lado sus funciones. De hecho, una de sus primeras propuestas fue que los patrullaran a pie. Por eso ha impulsado recientemente la llamada policía comunitaria. Primero estará en pruebas en Lavapiés.
Los responsables de la Policía Municipal ven con recelo el proyecto y recuerdan que la figura del agente mediador, el que actúa en los problemas vecinales, lleva años funcionando con muy buenos resultados en zonas problemáticas, como Tetuán.
Una de las primeras medidas del Ayuntamiento que más sorpresa causó fue la anulación de un contrato de renting de 154 coches patrulla el pasado septiembre. El equipo de Barbero lo consideró lesivo. El tiempo de respuesta a las llamadas de los vecinos se resintió hasta que en diciembre llegaron nuevos vehículos.
Lo que se escondía detrás del escrache al concejal Barbero
Durante su primer año al frente del Área de Seguridad, Javier Barbero se ha enfrentado con algunos sindicatos policiales. El punto álgido de ese tira y afloja fue el escrache que sufrió el concejal el 16 de febrero, a la salida de una comisión de su departamento en la plaza de la Villa. Tuvo que refugiarse en un restaurante tras recorrer medio kilómetro entre insultos y peticiones de dimisión.
El concejal calificó de "actuación fascista" el ataque, lo que le llevó ante el juez tras ser denunciado por el sindicato CPPM como supuesto autor de un delito de injurias graves. El edil se reafirmó en sus declaraciones ante el juez instructor. Este archivó la denuncia al no apreciar delito.
Lo que desencadenó el escrache fue la supresión de una de las dos Unidades Centrales de Seguridad (UCS, los antidisturbios de la Policía Municipal). Un total de 140 agentes tuvieron que buscarse un nuevo destino en las 22 unidades de distrito del cuerpo. La razón que dio Barbero fue que faltaban efectivos en estas unidades, lo que impedía que se cubrieran los servicios mínimos de patrullaje, en especial por la noche. Tampoco quería ver a sus policías en desahucios o desempeñando competencias del Cuerpo Nacional de Policía. Los afectados interpretaron que quería eliminar a los agentes que actúan contra los grupos radicales y quitarles de un plumazo 400 euros al mes.
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