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La Generalitat plantea sanciones por 5,7 millones a subcontratas de Telefónica

La Inspección de Trabajo considera responsable subsidiaria a la compañía en la mitad de los casos

Camilo S. Baquero
Sede de Telefónica en Barcelona.
Sede de Telefónica en Barcelona.

Falsos autónomos, irregularidades de contratación y no aplicación de convenios colectivos. Esto es lo que las Inspecciones de Trabajo de la Generalitat y el Estado han encontrado en la cadena de subcontratas de Telefónica dedicadas al soporte de servicio técnico en Cataluña. En total se han levantado 322 expedientes que pueden derivar en sanciones y liquidaciones por un total de 5,7 millones de euros. La operación se ha desarrollado en un año y en la mitad de los casos la compañía de telecomunicaciones es responsable subsidiaria.

El secretario general del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, Josep Ginesta, ha explicado esta mañana que gracias a este operativo se ha logrado que unos 200 trabajadores que figuraban como falsos autónomos hayan sido dados de alta en la Seguridad Social. Así mismo, otros cien empleados que supuestamente tenían puestos de trabajo temporal han pasado a ser fijos.

La inspección ha estudiado tanto la primera como la segunda línea de subcontratación. En total se investigó a unas 100 empresas, muchas de ámbito nacional. La investigación sigue abierta y las compañías afectadas aún pueden presentar alegaciones respecto a los expedientes sancionadores. Desde Telefónica aseguran que no han tenido ningún requerimiento de la inspección y recuerdan que la responsabilidad recae sobre las contratas. La responsabilidad subsidiaria, aseguran, solo se da en el caso de que una de las subcontratas tenga una fallida.

Es inédito que el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, liderado por Dolors Bassa (ERC), haga pública una operación de inspección laboral de este tipo. Ginesta ha asegurado que con ello se quiere poner el foco en la necesidad de la contratación responsable y con condiciones dignas. La subcontratación, ha recordado el secretario general, no es problemática en sí misma pero si es ilegal cuando se utiliza como una manera de reducir los derechos de los trabajadores. "No todo se vale en el mercado de trabajo de la recuperación económica. Hay límites en lo que se puede considerar razonable”, ha agregado.

La Generalitat reconoce que la operación ha sido posible gracias a la coordinación con los distintos comités de empresa de las subcontratas afectadas. En mayo del año pasado, un centenar de trabajadores de esas empresas se encerró en el edificio del Mobile World Center, en la plaza de Catalunya, para protestar por sus condiciones laborales tras una huelga de semanas.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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