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Gobierno y Xunta restringen la medicación a los presos que sufren hepatitis C

Interior y Sergas incumplen un acuerdo firmado en abril y siguen obligando a la mayoría de reclusos a trasladarse a Madrid si quieren ser tratados

Protesta de enfermos de hepatitis C en Santiago
Protesta de enfermos de hepatitis C en Santiago

El protocolo suscrito el pasado mes de abril entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central, para tratar “sin dilación” con los nuevos fármacos a los presos con hepatitis C en las cárceles gallegas queda en papel mojado. El convenio, fruto de una iniciativa presentada por AGE y aprobada en enero por unanimidad en el Parlamento gallego, pretendía poner fin a la obligación impuesta a los presos por Instituciones Penitenciarias de acudir al hospital Gregorio Marañón de Madrid si querían recibir el tratamiento, una restricción censurada por los tribunales que, según los colectivos de afectados, lleva a los enfermos a renunciar a los medicamentos, con el consiguiente riesgo para sus vidas. Pese al acuerdo entre Administraciones, el hospital madrileño se mantiene como centro de referencia para estos pacientes, según ha confirmado a EL PAÍS la Consellería de Sanidade.

La plataforma de afectados de hepatitis C asegura que desde que se firmó el convenio apenas están recibiendo el tratamiento ambulatorio media docena de los cerca de 164 reclusos a los que les fueron recetados los costosos fármacos. "Esto no es lo que se aprobó", sostiene el colectivo. El documento de colaboración apenas compromete a la coordinación del Sergas con el Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, que sigue manteniendo la decisión sobre si se receta o no la medicación ambulatoria. “Se trata de un procedimiento asistencial para el caso de los pacientes de los centros penitenciarios de Galicia que no se puedan desplazar al hospital Gregorio Marañón, que es donde Instituciones Penitenciarias tiene el centro de referencia”, explican fuentes oficiales de Sanidade, que precisan que “la decisión última” es de ese organismo.

“No tiene nada que ver con el acuerdo parlamentario”, protesta la plataforma, alarmada por la situación de la población reclusa con esta enfermedad. El colectivo de afectados recuerda que en enero murió un recluso de la cárcel coruñesa de Teixeiro sin recibir la nueva medicación y en la prisión de Pereiro de Aguiar (Ourense) fue necesaria una sentencia de la Audiencia Provincial para que otro preso con la enfermedad en fase 4, que contó con la asistencia de un colectivo de abogados voluntarios, comenzara a recibirla sin necesidad de trasladarse a Madrid. “No hay excusa para no dar igual trato y asistencia que al resto de la población”, sentenció la Audiencia de Ourense. Al mes del inicio del tratamiento, la salud del paciente “ha experimentado una mejoría muy importante”, sostiene la asociación de letrados que lo asesora.

"No podemos hacer más"

C. H.

Pese al coste político que supone,en este año electoral, para el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo la gestión de esta enfermedad -dos altos cargos de la Consellería de Sanidade han sido imputados por prevaricación por retrasar y negar los nuevos fármacos a enfermos afectados, algunos de los cuales fallecieron antes de recibirlos- el protocolo no solventa la situación de los reclusos afectados.

La Consellería de Sanidade reconoce que tiene las manos atadas respecto a la decisión de suministrar sistemáticamente el medicamento a todos los presos a los que les ha sido recetado, pero destaca que el convenio contempla la “necesaria coordinación asistencial” con Instituciones Penitenciarias. “Nosotros no podemos hacer más”, sostiene el Sergas.

El organismo autonómico se compromete, en ese documento, a hacer una “primera consulta programada presencial” en la que se realiza un informe médico para el centro penitenciario especificando el diagnóstico, el tratamiento y la duración, así como el plan, pruebas y requisitos del seguimiento. Así mismo debe realizar el “registro de la solicitud de tratamiento en el sistema VIXIA-HC” (una plataforma web para el registro de pacientes) para que los datos “estén disponibles para el registro nacional de efectividades”.

Por su parte, Instituciones Penitenciarias deberá “facilitar la realización de las consultas programadas presenciales que sean precisas cuando así lo requiera el facultativo especialista del Sergas” y propiciar la coordinación entre el equipo sanitario de la Xunta y el de la prisión para reforzar la adherencia y los requisitos de seguimiento de la terapia” aunque mantenga la última palabra sobre si los presos deben acudir o no a tratarse a Madrid.

Instituciones Penitenciarias ha declinado contestar las reiteradas peticiones de información formuladas desde este diario. Hasta la entrada en vigor del convenio, a comienzos de mayo, solo las sentencias judiciales fueron frenando puntualmente la discriminación en el acceso a la medicación eficaz de los enfermos penitenciarios respecto a los de la población no reclusa.

Pese a que la incidencia de esta enfermedad es de cerca de un 20% en las cárceles mientras que afecta apenas a un 1,7% del resto de la población, el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C mantuvo hasta el momento dos velocidades en la administración del caro tratamiento. En diciembre de 2015 había en las cárceles gallegas 654 presos afectados por hepatitis C y de ellos, entre 140 y 165, diagnosticados en fase cuatro, debían recibir la nueva medicación, según datos recogidos por el informe de la fiscalía gallega que reclamaba ya en esa fecha el tratamiento inmediato para estos. Suscrito el acuerdo entre Sergas y Ministerio del Interior, los datos que maneja la plataforma de afectados evidencian que, medio año después y con el convenio firmado, apenas lo han comenzado a recibir un ínfimo porcentaje de los internos.

“El protocolo sigue sin ser una solución”, señala el portavoz de la plataforma de afectados, Quique Costas. “Tal y como se está aplicando, es absurdo porque se mantiene la misma situación que antes, cuando el objetivo era que el Sergas asumiera de forma generalizada el tratamiento y que lo pagase Instituciones Penitenciarias sin necesidad de que los presos tengan que romper con su vida y renunciar a sus visitas para acudir a tratarse a Madrid por espacio de tres o seis meses”. Una medida que Costas tilda de “estrategia disuasoria”, ya que asegura que “en un porcentaje elevadísimo”, los reclusos rechazan el traslado y se quedan sin el tratamiento, con el consiguiente riesgo para sus vidas, o pleitean, básicamente con la ayuda de los abogados voluntarios de la Asociación de Asistencia Jurídica Penitenciaria a los que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, la Xunta de Galicia no paga.

Hasta la firma del convenio, Instituciones Penitenciarias solo había accedido a proporcionar el costoso medicamento por sentencia, tras una maraña de pleitos y recursos en toda España para evitar pagar el tratamiento a las comunidades autónomas. Diversos tribunales superiores -junto a Galicia, los de Castilla y León, Baleares o Alicante, entre otros- obligaron al Ministerio del Interior a pagar a las comunidades el tratamiento de los presos sin salir de su entorno. En Galicia, tras el acuerdo con el Sergas, la situación es similar: Instituciones Penitenciarias sigue decidiendo si los presos son tratados en sus provincias o deben trasladarse a Madrid, aun cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios deja claro que el fármaco es de diagnóstico (no de uso) hospitalario.