El Tribunal Superior valenciano pide juzgados de delincuencia económica

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha reclamado este jueves juzgados especializados en delincuencia económica con el fin de poder perseguir de forma eficaz las tramas y desvelar el verdadero patrimonio de los autores, ante la dificultad que ahora encuentran para ello los magistrados.

Varios de los grandes casos de corrupción descubiertos en los últimos años en la comunidad autónoma se han zanjado sin que recuperase el dinero defraudado, incluso cuando se ha producido sentencia firme sobre los hechos.

De la Oliva ha hecho las declaraciones en unas jornadas sobre justicia y Administración tributaria en las que han participado representantes de ambas, así como miembros de la Fiscalía, la policía y la Guardia Civil celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La presidenta del TSJ ha apostado por la "especialización de los órganos judiciales" en el ámbito de la delincuencia económica. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha solicitado, además de la especialización de los juzgados, un cuerpo de peritos contables cualificado.

Viguer, en una reclamación que ya han hecho anteriormente los jueces decanos de toda España, ha recordado la cada vez mayor complejidad de los procesos penales que investigan los jueces de Instrucción. Una dificultad que en varios de los casos de corrupción más importantes destapados en los últimos años en la Comunidad Valenciana ha impedido recuperar los fondos públicos desviados por las tramas, incluso cuando estas han sido desarticuladas por las fuerzas de seguridad y han recaído condenas sobre sus cabecillas.

Así ocurrió en el llamado caso Blasco, en el que fue condenado el exconsejero de la Generalitat valenciana Rafael Blasco por liderar una red que malversó fondos destinados a la cooperación internacional. En el caso Gürtel, en el que el patrimonio localizado a los supuestos cabecillas es mucho menor del que la Fiscalía Anticorrupción cree que llegaron a amasar.

Tampoco se ha hallado el dinero presuntamente apropiado en el caso de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa). Y más recientemente en el caso Taula el magistrado Víctor Gómez no ha hallado de momento el dinero presuntamente acumulado durante más de una década por los cabecillas de la trama tejida en torno a la Diputación de Valencia.

Las jornadas persiguen, entre otros fines, aumentar el intercambio de información entre los distintos agentes que combaten los delitos económicos, como son los jueces, los fiscales, inspectores de Hacienda y grupos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Petición de más jueces

No es la única petición realizada últimamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Su Sala de Gobierno aprobó un informe que fijaba en 68 las plazas judiciales consideradas necesarias para normalizar la situación de tribunales y juzgados en la comunidad autónoma.

El Tribunal Superior solicitó cinco nuevos magistrados para sí mismo y 12 para las Audiencias de Valencia, Alicante y Castellón. Especialmente necesario resulta también, según el TSJ, el refuerzo de juzgados de lo Mercantil, sobrecargados por el alto número de procesos generados a raíz de la crisis económica.

El documento, que fue elevado al Consejo General del Poder Judicial precisaba, además, que la Comunidad Valenciana requería de 15 jueces en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de otros 13 en los de Primera Instancia de las capitales provinciales.