El fiscal pide cárcel para un médico por falsificar una firma

Un juzgado de lo penal decidirá el próximo día 23 si el médico Vicente Soriano, especialista en VIH y hepatitis C, falsificó la firma de otro colega del hospital de La Paz, en Madrid, en la autorización del comité ético de investigación del centro para realizar un ensayo clínico. El fiscal pide para Soriano siete meses de prisión y una multa de 2.500 euros, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En sus conclusiones, el ministerio público asegura que el médico aportó un informe favorable del comité, elaborado “con ánimo falsario” y “con una firma que no era la de la persona a la que se atribuía la misma”.

El proceso penal contra Soriano se suma a la sanción administrativa que la Consejería de Sanidad madrileña le ha impuesto por, supuestamente, manipular datos de las historias clínicas de sus pacientes de hepatitis C para agravar sus síntomas y conseguir que se les administraran los carísimos fármacos contra esa enfermedad. El facultativo, un investigador muy conocido en todo el mundo por sus publicaciones en revistas científicas sobre VIH y sida, se enfrenta a una sanción elevadísima, de dos años de suspensión de empleo y sueldo, tal y como adelantó este diario. Las asociaciones de pacientes le apoyan y aseguran que su caso es “una injusticia”.

El fiscal asegura en su escrito de acusación que Soriano suscribió un contrato de estudio clínico con el laboratorio farmacéutico Merck Sharp & Dohme España (MSD) el 23 de julio de 2010. En él pretendía comprobar la seguridad en la administración del fármaco llamado raltegravir a pacientes coinfectados con VIH y hepatitis C. Entre la documentación necesaria para llevar a cabo ese estudio aportó un informe favorable del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del hospital Carlos III de Madrid, donde trabajaba antes de trasladarse a La Paz. Ese informe, de 25 de marzo, incluía una firma que no era la de Carlos Lahoz, el secretario del CEIC, según el fiscal.

Ensayos clínicos

 Además, tampoco coincidía “exactamente con el formato habitual del certificado”, ya que llevaba sello sobre la firma donde figuraba Ministerio de Sanidad y Consumo y, en la parte superior, el membrete del hospital Carlos III y el de la Comunidad de Madrid, precisa la acusación pública. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de falsedad en documento oficial.

Se da la circunstancia de que Soriano fue sancionado por la Consejería de Sanidad en 2012 por realizar ensayos clínicos con pacientes de VIH sin autorización. El caso llegó a la jurisdicción administrativa, que confirmó la multa de la Administración. Soriano recurrió, pero en junio de 2014 la sanción de 210.000 euros se hizo firme.

El abogado de Soriano, Fernando Abellán, asegura que el médico niega haber fabricado el informe con firma falsa. Añade que en el juicio oral demostrará que Soriano tiene en sus archivos el certificado original, con sello y firma, además de la convocatoria del comité del CEIC que lo programó y el acta de la aprobación. “No sabemos cómo llegó al laboratorio el documento falsificado; creemos que alguien lo mandó allí para perjudicar a Soriano”, asegura. “No tiene sentido mandar una autorización falsa teniendo la auténtica”, añade, y precisa que el documento es solo una fotocopia, mientras que el médico conserva el original.

Soriano denunció por acoso laboral a Carlos Lahoz y Miguel Ángel Salinero, entonces director de la fundación de investigación del Carlos III, y ambos fueron citados a declarar como imputados en 2014. Las diligencias siguen abiertas.