Desmantelado un asilo ilegal de británicos que cobraba 3.000 euros al mes

La Guardia Civil ha desmantelado en Santa Pola (Alicante) una residencia de ancianos ilegal que una familia británica había creado en su vivienda y que se calcula que podía llevar tres años funcionando. Los principales detenidos son un matrimonio (ambos de 59 años) y su hija, de 25 años, a quienes se atribuyen delitos de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal. Los ancianos no presentaban en general signos de maltrato, pero según los investigadores, les convencían para que guardaran en su caja fuerte las escrituras de sus propiedades y les incomunicaban al ingresar en el centro. La cuota por estancia oscilaba entre los 2.500 y los 3.000 euros al mes.

La hija del matrimonio, que trabajaba en una farmacia cercana a la localidad, se encargaba supuestamente de captar clientes: personas de avanzada edad, de nacionalidad inglesa, residentes en Santa Pola con poca o ninguna familia cercana y que hablaban únicamente inglés. Según los investigadores, les convencía para ingresar en esta residencia clandestina, a cambio de una cuota mensual que rondaba los 2.500 y 3.000 euros. Una vez en el chalé, les solicitaban documentación y escrituras de sus propiedades, que guardaban en una caja fuerte, con el fin de intentar persuadirles para que, cuando fallecieran, les dejaran en herencia las posesiones.

La investigación ha durado varias semanas debido al "blindaje informativo" que los sospechosos habían desplegado entre trabajadores y residentes. Cuando alguno de ellos recibía alguna visita, los detenidos estaban "constantemente vigilando", para que no se pudiera filtrar lo que estaba sucediendo. Según la Guardia Civil, el control de la información era "tan fuerte" que no dejaban a los ancianos disponer de sus teléfonos móviles, que eran retirados al entrar en la residencia, y eran vigilados "en todo momento" a través de cámaras de seguridad, distribuidas por toda la vivienda.

La investigación se inició a raíz de las declaraciones de diversos testigos que aseguraban la existencia de un asilo clandestino en un chalet de la localidad. Las instalaciones, que contaban con cinco habitaciones — casi siempre ocupadas—, disponían de camas articuladas, y algunos accesorios para facilitar la vida diaria de los ancianos. Sin embargo, carecían de las medidas de seguridad básicas exigidas para un centro de estas características.

Los ancianos, al parecer, recibían un "trato digno", aunque alguno de ellos ha declarado que en alguna ocasión recibían voces y gritos, aunque, en general "no hay signos evidentes de maltrato". Uno de los ancianos, tras mucho insistir y con la ayuda de su familia, consiguió salir de la casa, y corroborar a los agentes todo lo que allí estaba sucediendo.

Las personas contratadas por la familia para cuidar a los ancianos no estaban cualificadas, ni en el centro contaban con ningún facultativo necesario para el bienestar de los residentes, aunque sí recibían instrucciones claras para no revelar ningún dato que pudiera llevar a las autoridades a conocer lo que allí sucedía.