La CUP y CGT denuncian las ayudas a la cooperación de la Diputación de Barcelona

CUP-Poble Actiu y CGT han denunciado este martes ante la Oficina Antifraude de Cataluña que la Diputación de Barcelona ha concedido subvenciones para la cooperación al desarrollo a empresas y patronales a través de contratos sin publicidad ni concurrencia, por lo menos, por 1 millón de euros.

La concejal de la CUP-Poble Actiu (CUP-PA) en el Ayuntamiento de Barcelona Maria Rovira y los sindicalistas Eulàlia Ribó y Josep García, de la CGT de Cataluña, han informado en rueda de prensa en Barcelona de las presuntas irregularidades detectadas, que afectarían al área de Relaciones Internacionales de la Diputación.

Las irregularidades se centran en la concesión de fondos que supuestamente debían dedicarse a la cooperación internacional pero que se destinaron, entre los años 2012 y 2015, a patronales y a empresas que no contaban con experiencia previa en cooperación al desarrollo y que estarían en proceso de internacionalización o de conquista de mercados en países pobres, especialmente en el Magreb y América Latina.

Las patronales Unión Empresarial de L'Anoia o el Gremio de Blanquers de Igualada fueron beneficiadas con 66.000 y 64.000 euros, respectivamente, en la convocatoria de 2015, y la empresa Secartys, que se dedica al reciclaje de neumáticos en Brasil, recibió unos 62.000 euros de subvención en 2014.

La patronal Pimec, según los datos facilitados este martes, ha recibido en las convocatorias de 2013 (de forma directa, sin concurso) 13.000 euros, para la internacionalización de las pymes, mientras que en la de 2014 obtuvo otras tres de 38.000, 20.000 y 45.000, para proyectos de cooperación en Marruecos y Panamá.

La Fundación Empresa y Clima, que tiene entre sus patrones a la Cámara de Comercio de Barcelona y a Gas Natural-Fenosa, entre otros, recibió en 2013 unos 67.000 euros para un proyecto de cooperación en Brasil, 42.000 más en 2014 para asistencia técnica en Chile, y otros 44.000 de la convocatoria de 2015, además de 74.000 euros para un proyecto de cooperación en Perú, supuestamente irregulares, según la CUP y la CGT.

García y Ribó han explicado que los dos responsables del área de Cooperación Internacional mientras se otorgaron los fondos de forma presuntamente irregular eran Jordi Castells y Jonathan Jorba, que renunciaron a sus puestos cuando estalló la polémica en mayo del pasado 2015.

Castells trabaja ahora en el departamento de Gobernación de la Generalitat y Jorba, en el Instituto de Estadística de Cataluña, han añadido.

Además de las denuncias ante la Oficina Antifraude por lo que la CUP y la CGT estiman que son ilegalidades, los dos sindicalistas han indicado que las trabajadoras del área de Relaciones Internacionales padecieron a partir de 2012 una grave situación de acoso laboral que certificó la Inspección de Trabajo en un informe, tras ser denunciado por los sindicatos de la Diputación.

Amenazas, ambiente dictatorial y de terror, gritos, comentarios sexistas y miedo fueron mencionados por las trabajadoras en la evaluación de riesgos psicosociales que se realizó en la Diputación de Barcelona, a raíz del expediente de la Inspección de Trabajo.

García ha expresado hoy su esperanza de que la Oficina Antifraude investigue la documentación de los cuatro expedientes que se les ha trasladado, sobre "el uso impropio e irregular de fondos públicos" de la Diputación barcelonesa, que gestiona este 2016 un presupuesto de ingresos de 896,2 millones de euros, según se indica en su portal de transparencia