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Un banco con mirada social

El Gobierno valenciano pone en marcha el Banc de la Generalitat con 45 millones de euros

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el consejero de Hacienda, Vicent Soler.
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El Banc de la Generalitat, que sustituirá al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el próximo año, ha iniciado ya su andadura, como banco y como agente de desarrollo. "Es un banco con una mirada social", ha destacado el jefe del Ejecutivo, el socialista Ximo Puig.

La nueva entidad arranca con cuatro líneas principales de financiación, dotadas con 45 millones de euros, -capital del IVF-, dirigidas a los principales sectores económicos; el turístico, con 10 millones; el agroalimentario, con otros 10 millones de euros; las empresas en proceso de crecimiento e internacionalización, también con 10 millones; y la economía social, con 5 millones de euros. Más 5 millones para microcréditos a autónomos y microempresas y otros 5 para el emprendimiento innovador. Las líneas sectoriales tendrán un impacto estimado en 90 millones de euros y se completarán con otros instrumentos financieros.

La creación del Banc de la Generalitat forma parte del Acord del Botànic y tiene como objetivos recuperar el sistema financiero valenciano y desligarse de la dependencia política. Para su puesta en marcha se ha tenido en cuenta el funcionamiento de entidades similares en el resto de España y en Europa como el Institut Català de Finances, ha manifestado el director del IVF, Manuel Illueca. Se concibe como una entidad pública, fuera del perímetro SEC de la Generalitat, por lo que no se verá afectada por las restricciones de la administración autonómica, pudiendo endeudarse y emitir deuda, según Illueca.

El nuevo banco tendrá un activo de 450 millones de euros, ya que el balance conservará créditos del sector privado, más tesorería, más créditos públicos con retorno, y se contará con un capital de 200 millones, un pasivo privado de 250 millones y garantía de la Generalitat. El jefe del Consell ha manifestado que el Banc de la Generalitat contribuirá a "levantar la hipoteca reputacional" de la Comunidad y a lograr "mayor transparencia y capacidad de gestión".

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