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La Universidad Católica de Valencia: “Se está generando inseguridad”

El campus privado atribuye a la campaña electoral el veto en los hospitales públicos

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Sede de la facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia.

Juan Eduardo Santón (Albacete, 1963) es desde febrero vicerrector de Relaciones Externas de la Universidad Católica de Valencia. Economista y doctor en Filosofía del Derecho, Moral y Política, responde en esta entrevista a la decisión de la Generalitat valenciana de no permitir que los alumnos de titulaciones sanitarias, como Medicina, Enfermería y Fisioterapia de las universidades privadas hagan prácticas en hospitales públicos. Una medida que solo se aplicará a los estudiantes que entren en las carreras a partir del próximo curso —no a los que ya están cursando las titulaciones—, pero que cuestiona la viabilidad de estas facultades. Santón pide a la Generalitat que solucione los problemas legales que alega para vetar las prácticas y enmarca la decisión en la "campaña electoral".

Pregunta. ¿Cómo han recibido el anuncio de la Generalitat?

Respuesta. Primero con sorpresa. Lo que tenemos que hacer es ver cómo articulamos el sistema para que puedan desarrollarse las prácticas de todas las universidades, sean públicas, de iniciativa social o privadas, de las carreras de ciencias de la Salud. Y segundo, con cierto enfado. No se puede hacer un planteamiento que no se construya desde el diálogo.

P. ¿Qué impacto calcula que tendrá la medida en sus facultades?

R. Las prácticas las vamos a hacer. Los alumnos que comienzan tanto Medicina como Enfermería el año que viene van a tener sus prácticas. Lo que no puede ser es que estemos generando inseguridad jurídica e inseguridad académica.

P. Si se lleva a cabo el planteamiento de la Generalitat, ¿en qué grado se verá reducido el tamaño de sus facultades?

R. Lo primero que vamos a hacer es recurrir todo el proceso desde un punto de vista jurídico. Y segundo, si por algo se caracteriza la universidad es por la creatividad. Si no pudiéramos hacer las prácticas en el sistema público, ya estamos diseñando otro tipo de acciones para desarrollar las prácticas. El problema es que queremos que las prácticas se hagan en el sistema público.

P. El consejero de Educación, Vicent Marzà, afirmó que el número de plazas de titulaciones sanitarias que podrán ofertar las universidades privadas vendrá determinado por las prácticas que puedan garantizar en hospitales privadas. ¿Si se aplica esa condición, no tendrán que rebajar drásticamente el número de nuevos estudiantes de sus carreras?

R. Lo que no puede hacer Marzà es, si desde el Ministerio de Educación y desde la Consejería de Educación se ha dicho que tenemos derecho a un número determinado de plazas, cambiarlo. Puede decir lo que quiera. Pero vamos a peleárnoslo. La Administración autonómica, cuando autoriza que se imparta un grado, tiene la obligación de dar la oportunidad de que las prácticas se puedan hacer. Tenemos que echar el pulso, evidentemente. Pero lo que tengo claro es que el año que viene tengo 120 alumnos del grado de Medicina que comienzan la carrera. Y 420 alumnos de Medicina que comienzan la carrera. Y que en el proceso van a tener que hacer prácticas.

P. El Gobierno valenciano dice que su decisión se basa en la aplicación de normas que son de obligado cumplimiento en España, como la Ley de Incompatibilidades, que impide que el personal sanitario público sea contratado en su horario laboral por entidades privadas. ¿Qué opina?

R. El problema de la Ley de Incompatibilidades es suyo. Ellos tendrán que regular cómo hacer para que los especialistas sean tutores de las universidades privadas.

P. Pero la Generalitat argumenta que se trata de una regulación sobre la que no tiene competencia.

R. Pues lo tendrá que regular el Gobierno español. Lo que no se puede hacer es dejarnos sin prácticas.

P. ¿A que creen que responden esta medida?

R. La impresión es que está relacionada con que vienen unas elecciones. Y que hay una campaña electoral. Basta con ponerle sentido común.

P. ¿La Generalitat les había advertido de la medida?

R. Hubo una denuncia del convenio para la realización de prácticas por parte del Hospital General de Valencia. Nosotros hicimos alegaciones, pero esperando poder sentarnos con las consejerías y determinar cómo se iban a regular las prácticas. De eso se estaba hablando tanto en las universidades como en las Cortes. Hay que tener claro que, en Valencia, los alumnos de la universidad pública que estudian Medicina suponen solo el 56,4% de la capacidad de formación del sistema sanitario público.

P. ¿Se refiere a la capacidad formativa de los hospitales?

R. Así es. Se dice que los alumnos de la universidad Católica no dejan que los alumnos de la universidad pública hagan sus prácticas. Eso no es verdad. La Universidad de Valencia ocupa el 56,4%. En el resto hay un hueco. Lo que se está haciendo es restringir los derechos de los ciudadanos, creando ciudadanos de segunda clase. Como padre de familia que tengo un hijo o una hija estudiando en la Universidad Católica y pago mis impuestos, mantengo el sistema sanitario de la misma manera que un padre que tiene a sus hijos en la universidad pública. Y tengo el mismo derecho a que pueda tener prácticas. Lo que decimos es, vamos a regularlo, a ordenarlo y a dialogarlo.

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