Los otros ‘okupas’ de Colau

Una de las cuestiones que más se señalaron a raíz de la crisis del desalojo del llamado Banco Expropiado es la gran diferencia de este centro con Can Vies. Mientras el local de Gràcia es de propiedad ptivada, el veterano centro de Sants está en suelo municipal. Esta circunstancia, y la voluntad de no derribarlo ni echar a sus ocupantes, da margen al gobierno de Barcelona que preside Ada Colau para negociar y buscar alternativas al desalojo. Can Vies no es el único caso. Hay media docena más. El PP anunció que los llevará a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas para alertar de “malas praxis” como la “desatención de las denuncias de los vecinos por molestias, que no haya abierto expedientes administrativos o sancionado actividades como fiestas”, según el concejal Alberto Fernández Díaz.

Can Vies, buscando una alternativa a la pasarela. El Consistorio explora alternativas para evitar su derribo, que el exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CDC) quería llevar adelante pero cuyo amago provocó cinco noches de graves disturbios en mayo de 2014. La clave del indulto de Can Vies está, además de la voluntad política y la negociación con todos los agentes del entorno, en encontrar una fórmula que permita construir la pasarela de acceso al cajón de las vías de tren sin derribar el edificio.

Tres Lliris, la antigua comisaría de Gràcia que tenía que ser un equipamiento. El Casal Popular Tres Lliris estaba originariamente en la Travessera de Gràcia, en una antigua oficina de Caixa Catalunya. Fue desalojado en noviembre de 2015 y tras una manifestación de protestas se ocupó la antigua comisaría de la Policía Nacional en Gràcia, en la calle de Torrent de l’Olla. El edificio (planta baja, primera y el sótano donde estaban los calabozos) llevaba tiempo vacío. Perteneciente al Patronato Municipal de la Vivienda, estaba destinado a albergar un equipamiento. El distrito se acercó a los jóvenes que lo ocuparon y, en 48 horas, explican fuentes municipales, se pactaron tres condiciones que, hasta ahora, se han cumplido.

De las tres condiciones pactadas, la primera era que se realizaría una inspección y un informe sobre la seguridad del inmueble. Dos, garantizar la convivencia con los vecinos: nada de fiestas hasta las mil. Y tres, que haya un retorno social, una parrilla de actividades abiertas, la pata que más está costando. Mientras, se ha comenzado a negociar cuál podría ser en el futuro el acuerdo entre el consistorio y el colectivo, un pacto que podría acabar con una fórmula en la línea de Can Batlló o Flor de Maig, donde las entidades gestionan espacios ocupados.

Antigua Casa de l’Oficial, en Sant Andreu. En este caso, en la calle de Pont de Sant Andreu, tocando a la de Segre, se trata de un conjunto de fincas muy antiguas, del siglo XVII. El Ayuntamiento prevé conservar dos de ellas, que no están ocupadas, para destinarlas a equipamientos. La que sí tiene ocupantes ilegales es la Casa de l’Oficial (donde dormía el oficial cuando los sometents de la Guerra dels Segadors, que comenzó en Sant Andreu en 1640, paraban en el pueblo y el resto de la tropa dormía al raso). Esta casita, que fue protagonista de otro desalojo en 2013, está afectada por el PGM y en su lugar está prevista una zona verde, reivindicada por los vecinos. El distrito mantiene conversaciones con los okupas, que la utilizan de vivienda, explican fuentes municipales.

Residencia de Estudiantes Autogestionada (y provisional) en el Raval. La asamblea libertaria del campus del Raval de la Universidad de Barcelona ocupó en marzo un edificio municipal de la calle de Sant Bernat. El inmueble, vacío desde 2008, estaba destinado a albergar un proyecto de una entidad sociocultural que trabaja con chavales, explica en fuentes del Ayuntamiento. El distrito comenzó a hablar con los okupas cuando lo tomaron y les ha impuesto las mismas condiciones que en el Casal Tres Lliris. Además, se han comprometido a permitir el acceso para arrancar el proyecto de la entidad y a abandonarlo cuando arranquen las obras.

Taller de Torres-García en la calle del Hort de la Vila, en Sarrià. En diciembre un grupo de jóvenes ocupó una casita en la calle de Hort de la Vila, en Sarrià, un edificio que había albergado un taller del artista Torres-García y que tras muchos años vacío compró el Ayuntamiento en el mandato pasado. El concejal del distrito, Gerardo Pisarello, defiende el proceso de diálogo que ha iniciado con el colectivo y entidades del distrito para recuperar el espacio con “fórmulas innovadoras de gestión comunitaria” que hagan compatibles las demandas de vecinos y okupas.