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Carmena reduce la edificabilidad de los grandes planes urbanísticos

Con el apoyo del PSOE, la alcaldesa ha reconducido las operaciones bloqueadas por la justicia y ha reconducido otras como Chamartín para reducir el número de viviendas

Vista panorámica de la capital desde Torrespaña, tomada en junio de 2012.
Vista panorámica de la capital desde Torrespaña, tomada en junio de 2012.ULY MARTÍN

Las principales operaciones urbanísticas de Madrid han estado largo tiempo paralizadas por las decisión de una gobernante a la que no le gustan los rascacielos: Esperanza Aguirre (PP). En 2007 modificó la ley regional del suelo y prohibió levantar edificios de más de cuatro alturas; bloqueó así la Operación Chamartín y la Operación Calderón, entre otras. Con Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en la alcaldía (PP), la justicia tumbó los grandes desarrollos, e incluso anuló el Plan General de Ordenación Urbana. En un año, Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha reconducido estos proyectos, reduciendo su edificabilidad. Con apoyo del PSOE, está desbloqueando las principales operaciones, aunque también ha generado ya algún lío de su propia cosecha.

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Límite de cuatro alturas. Aguirre (presidenta regional de 2003 a 2012) añadió en 2007 un artículo a la ley regional del suelo (aprobada por Gallardón en 2001) que rezaba: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático”. Para mitigar su impacto, incluyó una disposición transitoria que limitaba su aplicación a los planes urbanísticos aprobados tras su entrada en vigor. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se basó en esa nueva norma para anular la Operación Calderón en 2012.

Aguirre se negó a cambiar su ley, y tuvo que ser su sucesor, Ignacio González (PP), quien introdujo un retoque un año después. De nada sirvió tampoco. Finalmente, la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes (PP), eliminó el límite de alturas el pasado diciembre. Pero ese bloqueo judicial dio tiempo a la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige José Manuel Calvo (Ahora Madrid), para renegociar con el Atlético de Madrid un nuevo plan urbanístico que reducirá a la mitad las 2.000 viviendas previstas en el suelo del estadio Vicente Calderón. Calvo ha convencido además al club para desbloquear al mismo tiempo el ámbito del antiguo anillo olímpico y el nuevo estadio de La Peineta, ambos paralizados por el desencuentro en 2015 entre la exalcaldesa Ana Botella e Ignacio González.

El acuerdo, que se anunciará en los próximos días, debería dar salida además a la última gran instalación abandonada tras el fracaso del sueño olímpico de Gallardón, el Centro Acuático.

La Operación Chamartín. La ley del suelo de Aguirre también dio al traste con la Operación Chamartín, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en 2013. Los promotores privados (BBVA y San José) tuvieron que enterrar así un proyecto de 11.000 millones de euros. Lo resucitaron en enero de 2015, reducido a 6.000 millones de euros, pero Botella se negó a aprobarlo antes de las elecciones y lo dejó al albur del nuevo gobierno local.

El estadio de La Peineta, con el Centro Acuático a la izquierda.
El estadio de La Peineta, con el Centro Acuático a la izquierda.SAMUEL SÁNCHEZ
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Carmena ya avanzó en junio que tendría que revisarse porque “en Madrid no hace falta ahora un número de viviendas tan grande”. Dejó así en suspenso el proyecto del BBVA y organizó cuatro mesas de debate con expertos y vecinos, mientras los promotores perdían la paciencia por la falta de respuesta del Ayuntamiento.

El 12 de mayo presentó finalmente su plan, que baja de 17.699 a 4.600 el número de viviendas y se centra en iniciar cuanto antes la reforma de la estación de ferrocarril y los nudos viarios Norte y Fuencarral. El Ministerio de Fomento (del PP, en funciones desde diciembre) ha amenazado con exigir una indemnización de 700 millones al Ayuntamiento, y Cifuentes ha amagado con bloquear el nuevo plan. Pero el pleno enterró esta semana definitivamente la operación del BBVA (que tampoco gustaba a Aguirre).

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Del Vaticano al Bernabéu. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado en los últimos años varios desarrollos urbanísticos promovidos por Gallardón y Botella. Anuló por ejemplo el mini-Vaticano que la Conferencia Episcopal pretendía construir junto a Las Vistillas. O la ampliación del estadio Santiago Bernabéu, en este caso con tres sentencias consecutivas, la última de las cuales sugería una posible ayuda pública al club.

Carmena está a punto de cerrar un acuerdo con el Real Madrid para posibilitar la reforma del estadio, eso sí, sin aumentar su edificabilidad. Podrá cubrir el campo, pero en vez de construir un centro comercial de 12.250 metros cuadrados sobre suelo público junto al paseo de la Castellana, tendrá que conformarse con convertir en hotel la Esquina del Bernabéu. No se librará en cualquier caso de que la Comisión Europea le obligue (tras las elecciones generales de junio) a devolver 25 millones de euros, una ayuda pública ilegal derivada de sus acuerdos urbanísticos con Gallardón.

Un Plan General anulado. No sólo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Comisión Europea han censurado los planes urbanísticos de los anteriores alcaldes. El Tribunal Supremo llegó a anular en 2012 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, enviando al limbo a los nuevos barrios del este y el sur de la ciudad. Botella tuvo que redactar de nuevo este plan en apenas 10 meses para solventar la censura del tribunal a las maniobras legales de Gallardón. La exalcaldesa dedicó además sus tres años de mandato (2012-2015) a elaborar un nuevo PGOU, pero no le dio tiempo a aprobarlo antes de las elecciones, de forma que sigue en vigor el anterior. Carmena ha renunciado a redactar el suyo.

Entre tanto, los nuevos barrios del este (Valdebebas, por ejemplo) siguen enfrentándose periódicamente a sentencias que obstaculizan su desarrollo; los del sur están abandonados a su suerte desde el estallido de la burbuja, aunque Carmena ha continuado el enorme esfuerzo de Botella para darles viabilidad.

De Wanda a Cuatro Caminos

Lo más probable es que el grupo chino Wanda venda el edificio España, que compró en julio de 2014 al Santander por 265 millones. La Comisión de Patrimonio Histórico (que controla el Gobierno regional, entonces y ahora del PP) obligó en marzo de 2014 a mantener la fachada durante la reforma, pero Wanda preguntó el pasado verano si podía derribar todo el edificio. La comisión volvió a negarse, pero el PP culpó a Carmena de frenar esa inversión por empeñarse en hacer cumplir el dictamen.

La falta de comunicación o las artimañas de Wanda han convertido la negociación en un culebrón que ha erosionado a Carmena. Pero hay otra operación potencialmente más dañina para su imagen: la reconversión en viviendas de las cocheras de Cuatro Caminos, un plan que Botella dejó en el aire y que el nuevo gobierno quiere redirigir, con la presión en contra de los cooperativistas y Metro de Madrid.

Tiene el respaldo del PSOE, no como con la demolición en noviembre del Taller de Precisión de Artillería para construir pisos, que dividió a Ahora Madrid. Le queda también desatascar el antiguo mercado de Legazpi o el de la Cebada, que el PP tuvo años paralizados, como hizo con la Operación Canalejas, bloqueada por Ignacio González y relanzada en octubre junto a Cifuentes.

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