80 años en las cunetas

Este julio se cumplirán 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar del general Franco que implantó desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre las muchas víctimas de dicho terror figuran los republicanos asesinados y enterrados clandestinamente en fosas comunes. En 2008 se calcularon en 114.266. La gran mayoría de estas víctimas no ha sido localizadas ni identificadas. Y lo que es más grave, salvo contadas excepciones, ni las Administraciones ni el Poder Judicial han asumido nunca la investigación y esclarecimiento de unas conductas calificables como crímenes contra la Humanidad.

A que ese pretendido “punto final” tenga que esperar contribuyó el Tribunal Supremo en marzo de 2012 al excluir estos delitos de la persecución penal con argumentos tan erróneos como carentes de fundamento legal. Los familiares de las víctimas quedaron en absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio o, en limitados casos, a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de su derecho a recuperar los restos, identificarlos y darles digna sepultura. Prácticamente nunca se llegó a conocer quiénes y cómo los asesinaron.

Ante tantas adversidades cobra especial significado el auto emitido el pasado 30 de marzo por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de El Escorial que, en un proceso civil de “Información ad perpetuam memoriam”, ha decidido reconocer esos derechos a una persona, nieta y sobrina-nieta de dos ascendientes asesinados. Uno de ellos “desaparecido” el 27 de julio de 1936 (…) fusilado por las autoridades en el barranco de la Bartolina (Calatayud) y enterrado en fosa común”. El otro, “fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal, enterrándose los restos en fosa común”. En dicho procedimiento ha quedado acreditado que a raíz de “una orden cursada desde el Ministerio de la Gobernación (…) los días 3 y 4 de abril de 1959 se procedió al traslado de los restos cadavéricos desde Calatayud al cementerio del Valle de los Caídos sin que se pidiera autorización a la familia”.

Es ciertamente turbador cuanto relata la resolución judicial sobre el trasiego gubernativo de restos humanos víctimas del terror, sin el conocimiento de los familiares. Es una muestra, conocida ahora, del terror impuesto por la dictadura. Afortunadamente, pese a la oposición del fiscal, el juez ha acordado la exhumación de los restos depositados en el Valle de los Caídos, la comprobación de la relación familiar mediante una prueba de ADN y, en caso positivo, su entrega a la demandante para satisfacer el derecho a darles digna sepultura. Se trata, en todo caso, de una reparación limitada en relación a lo que por ello entiende la resolución de 2006 de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. Basta constatar que la reparación implica “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”. Lo que evidentemente no se ha producido.

Para llegar hasta aquí, el camino óptimo hubiera sido un proceso penal, como correspondía a la naturaleza delictiva de los hechos. Y, desde luego, frente al criterio profundamente desviado de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 y del Tribunal Supremo, “la búsqueda de los cadáveres de las personas asesinadas y las ayudas para recuperarlos e identificarlos…” nunca debió privatizarse, atribuyéndola a los familiares, la mayoría carente de recursos, y a las entidades memorialistas. En cuanto el Partido Popular llegó al gobierno, derogó de facto la ley y suprimió toda subvención pública a estas necesarias y legítimas iniciativas.

La noticia, sin duda positiva, de la decisión del juzgado de El Escorial contrasta con la absoluta pasividad de los poderes públicos en la búsqueda y localización de las fosas y de los miles de desaparecidos que en ellas permanecen. La situación es tan dramática como profundamente injusta. Sobre todo después de que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas exigiera en noviembre de 2013 al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. La recomendación ha sido abiertamente incumplida, lo que aboca a los familiares de las víctimas, muchos de ellos ya de edad avanzada, a entablar, desde el desamparo, denuncias y costosos pleitos civiles. ¿Quién se atreve a decir, desde la ignorancia o la mala fe, que las heridas abiertas por la dictadura están cerradas?

Carlos Jiménez Villarejo fue Fiscal Anticorrupción y es miembro de Federalistes d'Esquerres.