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El PP al juez: “No es posible que el partido maneje dinero en efectivo”

El grupo local de Barberá actuó "al margen" de la formación nacional, según la declaración completa de su representante

Ignacio Zafra
Rita Barberá, en el centro, entre Alberto Fabra y Alfonso Rus, en 2015.
Rita Barberá, en el centro, entre Alberto Fabra y Alfonso Rus, en 2015.MÒNICA TORRES
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El PP ha marcado una clara distancia ante el juez con el grupo municipal del partido en Valencia que dirigió hasta el año pasado la exalcaldesa y senadora Rita Barberá. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los miembros del grupo municipal un delito de blanqueo de capitales previo a las elecciones locales de 2015. El representante legal enviado por la dirección nacional del partido a comparecer ante el magistrado que investiga el caso Taula afirmó que para financiar la campaña el Partido Popular tenía una única cuenta bancaria. Y que los pagos electorales efectuados desde otras cuentas se habrían hecho "al margen del partido". "No es posible que el Partido Popular maneje dinero en efectivo en su funcionamiento ordinario", añadió.

Así consta en la declaración completa de Jorge Carbó, portavoz del PP en el proceso judicial, que tuvo lugar el viernes 6 de mayo, y en la que refleja hasta qué punto la formación busca separarse del grupo de Barberá, gran referente de los populares en Valencia durante 24 años. "Preguntado por si el partido tenía conocimiento de que se realizaban pagos a medios de comunicación por publicidad para la campaña" electoral desde una cuenta bancaria que manejaba el grupo municipal del PP, Carbó manifestó "que es el partido quien tiene que contratar y pagar esos gastos. Que por parte del PP no se tenía conocimiento de esos pagos".

Carbó mantuvo que el Partido Popular —imputado por blanqueo como persona jurídica— "abona los gastos con cargo a los fondos de las cuentas específicas para la campaña electoral y realiza las contrataciones la persona que tiene atribuida esa potestad".

El representante del PP dejó especialmente sola a María del Carmen García-Fuster, considerada por los investigadores la persona que manejaba la caja b en el grupo municipal. Carbó negó que García-Fuster, secretaria general administrativa del grupo municipal y mujer de la máxima confianza de Barberá, pudiera actuar en nombre de la fuerza política.

"El personal adscrito a los grupos municipales no son empleados del Partido Popular, sino del Ayuntamiento. Una persona de un grupo municipal no tiene facultad para contratar en nombre del partido", declaró el portavoz popular.

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Anticorrupción pidió prisión provisional para García-Fuster tras ser detenida en enero en la operación policial que sacó a la luz el caso Taula. Según los pinchazos telefónicos ordenados por el juez, el grupo municipal del PP tenía abundante dinero negro. Y el partido en Valencia habría blanqueado 50.000 euros de estos fondos mediante la técnica del "pitufeo": cada miembro del grupo ingresaba 1.000 euros en la cuenta del partido y recibía el mismo importe en dos billetes de 500.

Carbó rechazó el pasado viernes la mayor y afirmó ante el juez Víctor Gómez "que no es posible que el Partido Popular maneje dinero en efectivo en su funcionamiento ordinario".

Donaciones

El magistrado mantiene imputada a 47 personas —y ha iniciado el trámite para que se impute también a Barberá, aforada ante el Tribunal Supremo— por el supuesto blanqueo. Para defenderse, los imputados —investigados, según la nueva denominación judicial— han alegado que cada uno de ellos donó 1.000 euros al partido para financiar la campaña debido a las dificultades que atravesaba el partido. Pero que ese dinero no les fue devuelto. En nombre del PP, Carbó negó esa versión y afirmó que "no hay más aportaciones que las que se ingresan en la cuenta de campaña del Partido Popular". Y que los 50.000 euros bajo sospecha no cumplieron esa condición.

El representante del PP también rebatió la versión de sus imputados por blanqueo de que cada mes donaban 60 euros al partido en forma de cuota. Un dinero que iba a parar a la misma cuenta bancaria que la dirección nacional de la formación asegura ahora desconocer y que el juez ha bloqueado.

"Las cuotas de los afiliados militantes se ingresan por transferencia o recibo bancario siempre con indicación de la persona que realiza el ingreso. Preguntado sobre los ingresos de los 60 euros, entiende que son aportaciones voluntarias al grupo (municipal), no al partido. Que al no entrar en una cuenta del partido, entiende que no es una cuota abonada al partido", declaró Carbó.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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