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Eresa, la empresa de las resonancias magnéticas, se siente perseguida

13 directivos están imputados. La Generalitat valenciana quiere revertir la privatización

Ignacio Zafra
Resonancia magnética en el hospital La Fe.
Resonancia magnética en el hospital La Fe.Tania Castro

Eresa, la empresa que realiza desde el año 2000 las resonancias magnéticas para la mayoría de centros hospitalarios valencianos, después de que el servicio fuera privatizado aquel año por el Gobierno autonómico del PP, ha mantenido este martes a través de su consejera delegada que sufre una persecución. "Ni Rumasa ni ninguna otra empresa de España ha pasado por esto", ha declarado su consejera delegada, Marta Saus. La compañía se enfrenta al anuncio de la Generalitat de que rescatará el servicio porque, según la Sindicatura de Comptes, si las resonancias fueran realizadas directamente por la Administración resultarían hasta 16,7 millones más baratas al año.

Un total de 13 directivos de Eresa se encuentran imputados en una causa judicial abierta a raíz de una investigación de fiscalía y la posterior denuncia de la Agencia Tributaria, ha detallado Saus en conferencia de prensa. La Generalitat ha anunciado su interés de concluir su relación con la compañía en 2018, cuando vence el contrato de 10 años firmado por la anterior Administración autonómica, si no resulta factible concluirla previamente, una posibilidad que apoya la mayoría en las Cortes Valencianas.

Uno de los argumentos de la Generalitat para terminar con la privatización es el informe elaborado por la Sindicatura de Comptes hace tres años en el que el órgano fiscalizador del sector público concluyó que los servicios prestados por Eresa —a través de la unión temporal de empresas Erescanner Salud— resulta más del doble de caro que si lo asumiera directamente la Administración. En concreto, el Síndic señaló que el coste de Eresa ascendió 257,1 euros en 2012, mientras que de haberlo hecho el sector público costaría tan solo 108,3 euros.

La consecuencia es que la prestación directa por parte del sistema valenciano de salud, siendo los aparatos propiedad de la Generalitat y manejándolos sus profesionales, implicaría un ahorro que oscila entre los 3,3 millones y los 16,7 millones de euros al año.

La consejera delegada de Eresa ha considerado erróneos algunos de los cálculos de la Sindicatura. Y apoyándose en otro informe encargado por la compañía a un auditor ha mantenido que incluso ahorra dinero a la Administración.

Diálogo con la Generalitat

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Saus ha manifestado que espera que sus argumentos calen en Sanidad y esta cambie de criterio. Si bien ha admitido que las declaraciones tanto de la consejera del ramo, la socialista Carmen Montón, como de los portavoces de Compromís y de Podemos, los otros dos partidos que sostienen al Consell, parecen claros en el sentido de que pretenden recuperar la prestación del servicio.

Si se quisiera rescatar el servicio antes de que finalice el contrato, a finales 2018, la Administración tendría que pagar el lucro cesante, ha indicado Saus. También el coste de los equipos, si bien eso ocurrirá de todas formas aunque se deje que el acuerdo expire al llegar a su término.

Saus se ha mostrado partidaria de "revisar" el contrato que Eresa tiene con la Generalitat para adecuarlo al momento actual. Una voluntad de adaptación que, según ha dicho, la empresa ya le ofreció a la consejería en 2008, cuando se renovó el acuerdo. La consejera delegada ha indicado que revisar el acuerdo no es sinónimo de abaratar el coste para la Administración.

La responsable de Eresa, que ha comparecido con el director médico de la compañía, José Ferrer, ha atribuido a tres exdirectivos "con intereses económicos" en el mismo campo empresarial, así como a un extrabajador, la supuesta campaña negativa que sufre la mercantil. Saus ha dicho que tres de las denuncias promovidas por estas personas han sido archivadas, mientras que de una cuarta se ha derivado el actual procedimiento judicial en el que se encuentran inmersos sus directivos.

El año pasado, Erescanner Salud ingresó 40,2 millones de euros en virtud del acuerdo que tiene con la Consejería de Sanidad y concluye en 2018. La unión temporal de empresas, en la que Eresa es el socio mayoritario, presta servicio a la mayor parte de hospitales valencianos.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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