El juez denuncia falta de medios para investigar a la patronal de Castellón

El juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 1 de Nules ha declarado la complejidad de la causa seguida contra los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y dos academias de formación por los delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental, en una causa que se instruye desde junio de 2015. De esta manera, se amplía hasta los 18 meses la instrucción de un proceso en el que está imputado el presidente de la CEC, José Roca.

Así mismo, el magistrado Jacobo Pin, juez que finalizó la instrucción del caso Fabra por el que fue condenado en el posterior juicio a cuatro años de prisión, denuncia retrasos en la tramitación por la falta de medios. El juzgado de Nules pidió en septiembre el apoyo de un funcionario con experiencia, un sistema de videograbación, un programa de transcripción de declaraciones y un escáner, pero la Consejería de Justicia aún no ha atendido sus demandas.

El propio magistrado solicitó el pasado mes de septiembre el amparo de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), entidad dependiente del Poder Judicial. En noviembre, la Comisión Permanente del Poder Judicial acordó dirigirse a la Dirección de Justicia de la Generalitat Valenciana para que adoptara diversas medidas de refuerzo para el juzgado, pero tan solo se cumplió la de un funcionario de refuerzo.

El juez Jacobo Pin apunta en su resolución que la “carencia de medios personales y materiales repercute de manera necesaria y trascendental en la dilación que la tramitación de esta causa sufre y que justifica la ampliación del plazo de instrucción”. De la misma manera, el magistrado afirma que debido a la “gran cantidad de investigados” y la necesidad de someter al análisis de los peritos la abundante documentación se justifica la expansión del plazo de instrucción hasta el límite de los 18 meses.

A la complejidad de la causa se unió la presentación de una nueva denuncia por parte del Servicio Valenciano de Empleo (SERVEF), que apreció la percepción de más de 120.000 euros sin justificar por parte del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón (órgano dependiente de la CEC) con cargo a los fondos del plan de formación.

El proceso arranca con la denuncia del ministerio público sobre una partida de 418.700 euros otorgada a la CEC por parte de la patronal valenciana, Cierval, para la realización de cursos de formación. La Fiscalía de Castellón estima que los cursos no se llevaron a cabo y acusa a las dos mercantiles que los gestionaron, Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RF, de falsificar las facturas para justificar los gastos.

Por su parte, la CEC asegura que los cursos sí que se realizaron y que se trata tan solo de un “asunto tributario” de las dos academias. La patronal castellonense devolvió el dinero a la Generalitat cuando Cierval no pudo justificar el gasto de la partida para los cursos de formación.