Dos asesores de la Comunidad afirman que el caso de los espías es un “montaje” del PP

El exasesor de Seguridad de Francisco Granados, Marcos Peña, ha señalado este viernes en la Comisión de Corrupción de la Asamblea que el caso de los espías se montó "desde dentro [DEL PP]" del Gobierno regional para tapar seguimientos que ya se hacían y que tenían una finalidad "política". También compareció el exdirector de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, que relató cómo el expresidente Ignacio González le pidió que averiguara quién se encontraba detrás de un dossier que le desprestigiaba. Aseguró que no aceptó el encargo.

El exasesor de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en la época de Francisco Granados, Marcos Peña Díaz, aseguró que fue Esperanza Aguirre, entonces presidenta, quien le contrató en 2008 para formar parte de la Dirección General de Seguridad (DGS), ideada en 2006 y de la que parte la supuesta trama de los espías. Alfredo Prada, entonces consejero de Presidencia, puso al frente de ella al inspector de la Policía Nacional Sergio Gamón, afín a González y a Aguirre.

Peña aseguró que nada más llegar a la DGS se dio cuenta de que allí mandaba Gamón en lugar del consejero. Gamón contaba con seis asesores: tres guardias civiles, ahora imputados en el caso, y tres policías nacionales. Estos últimos eran "hombres de confianza de Gamón" y, según él, de González. Los tres guardias civiles eran leales a Granados. El presunto espionaje surgió en plena batalla por el poder dentro del PP. Por un lado, a escala nacional: tras la segunda derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales, Alfredo Prada, consejero de Justicia hasta 2008, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Gallardón, se pusieron al lado de Rajoy en su disputa con Aguirre. Por otro, en la escala regional: Granados y González competían por el control del partido. "Me dijeron que existía un enfrentamiento entre tres guardias civiles y Gamón; debía recolocarlos porque estaban muy estresados", relató Marcos Peña. Poco después le comunicaron que no iba a tener relación con ellos. Los tres están imputados, junto a un empleado autonómico, el propio Gamón y Miguel Castaño, segundo de Gamón en la DGS.

"La culpa del bedel"

En esa acusación fueron claves los partes de los seguimientos realizados con anotaciones manuscritas. "Es una barbaridad", dijo Peña, "que se atribuyan a José Manuel Pinto [empleado autonómico imputado]. Es como si dices que la culpa de la supuesta estafa de Bankia es del bedel". Peña se describió como una víctima, igual que los guardias civiles, por haberse negado a participar en el espionaje. Al parecer esto ocurrió cuando Gamón les pidió que espiaran a Granados, según declararon en la anterior sesión de la comisión los dos agentes imputados.

La comisión citó también ayer a Miguel Castaño, exsubdirector de Seguridad de la Comunidad al que se le acusó de haber manipulado los partes de seguimiento, aunque el juez no encontró relación entre la letra de los partes y su escritura.

Castaño culpó a dos de los guardias civiles imputados, José Oreja y Antonio Coronado, de haberle implicado en el caso. "Ha sido una estrategia de la defensa", dijo. También negó haber participado en la desaparición de un ordenador del Campus de la Justicia [que presuntamente contenía información sensible], motivo por el que su jefe Gamón fue destituido, al ser considerado responsable. El exjefe superior de policía Enrique Barón lo sustituyó.

Por su parte, el exdirector general de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, negó que su empresa llevara a cabo ningún informe encargado por González. Relató que se reunió con el expresidente regional porque este estaba interesado en conocer la autoría de un dossier, de 69 páginas, con información sobre él y que se había hecho público. "Me dieron una lista de posibles enemigos de Nacho [en referencia a González]", aseguró. Pero sostuvo que no aceptó el encargo. "No hice ningún trabajo para el señor González ni le he vuelto a ver", puntualizó Marco.