Junts pel Sí acepta tramitar la moción para desobedecer al Constitucional

CDC y Esquerra piden a la CUP un cambio de redactado que los anticapitalistas se niegan a llevar a cabo

Anna Gabriel (CUP) traspasa un ordenador con uno de los letrados del Parlament.

El Parlament debatirá la próxima semana una moción de la CUP en la que se insta a desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración secesionista del pasado 9 de noviembre. La Mesa de la cámara, con mayoría de Junts pel Sí, ha aceptado a trámite el texto de la formación anticapitalista con la condición de que cambie su contenido.

La CUP, sin embargo, ya ha anunciado que mantendrá el texto de la moción, en la que también se reclama que se “desatiendan” los requerimientos de la Audiencia Nacional a los ayuntamientos investigados por apoyar la declaración del 9-N y que los Mossos d’Esquadra no actúen como policía judicial para facilitar la tramitación de esas causas.

Malestar en la Generalitat

El Gobierno catalán ha subrayado su incomodidad con la moción. "No creemos que sea necesario pasar una reválida quincenal en el Parlament", ha lamentado la portavoz del Ejecutivo Neus Munté, que ha subrayado que el Ejecutivo tiene "la conciencia tranquila" por "estar cumpliendo" su programa rupturista.

La Generalitat ha insistido en que el enojo con la CUP por esta moción no afecta el pacto de estabilidad suscrito por ambos partidos, que de momento no ha evitado que Junts pel Sí pierda varias votaciones en el Parlament por el voto discrepante de la CUP. El Gobierno catalán confía en que logrará el aval de los anticapitalistas a los Presupuestos, el principal escollo para la estabilidad para el Ejecutivo. 

La mayoría de esas investigaciones judiciales han sido archivadas tras la información facilitada por los ayuntamientos, excepto en el caso de los gobernados por la CUP, que han desoído los requerimientos del juzgado.

"No vamos a cambiar ni una coma de la moción, porque nuestro compromiso es acelerar la ruptura y desobedecer la legalidad autonómica", ha advertido la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel.

La moción debe debatirse en el pleno que se inicia el 6 de abril. Lluís Corominas, vicepresidente del Parlament y diputado de Junts pel Sí, ha anunciado que si la CUP mantiene la moción tal y como está redactada se someterá a votación de todos los diputados la retirada de ese punto del orden del día del Pleno.

El acuerdo que hoy ha adoptado la Mesa del Parlament tiene muy pocos precedentes, pues cualquier moción que se admite a trámite está condicionada siempre a la presentación de enmiendas y transacciones. La singularidad en este caso es que el debate de la moción llega en un momento en que el Tribunal Constitucional está pendiente de resolver el incidente de ejecución de la sentencia que se insta a desobedecer después del recurso presentado por el Gobierno en funciones del PP a partir de la creación de estudio del proceso constituyente.

La aprobación de la moción, por tanto, podría considerarse una desobediencia clara al Tribunal Constitucional y eso es lo que parece que quiere evitar la Mesa del Parlament dominada por Junts pel Sí, sin desagradar al mismo tiempo a la CUP.

Ese difícil equilibrio político ha sido criticado con contundencia por el resto de grupos de la oposición. "La Mesa ha hecho dejación de sus funciones, porque le tocaba decidir y lo que ha hecho ha sido trasladar la decisión al Pleno", ha explicado el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa. En su opinión, la simple admisión a trámite de la moción ya supone una vulneración de la prohibición del Tribunal Constitucional, por lo que entienden que "se están buscando atajos para cumplir la legalidad".

En otro apartado de la moción se reclama a la Generalitat que en el plazo de un mes presente un plan de ruptura, que es lo que ya se decía en la declaración anulada, y se pide que en los Presupuestos de la Generalitat que se están redactando se habilite una partida para la desconexión.

Por su parte, la diputada del PSC Eva Granados, ha acusado a Junts pel Sí y la CUP de llevar al Pleno del Parlament sus discrepancias y ha asegurado que se está instrumentalizando la Mesa del Parlament tras la sentencia del Tribunal Constitucional. "La presidenta de la cámara sabe que hay puntos que no pueden votarse", ha dicho Granados.

Joan Coscubiela, de Catalunya sí que es Pot, ha coincidido con Granados. "Están utilizando el Parlamento para dirimir sus disputas sobre la independencia en lugar de que sea el lugar donde se discutan los problemas de los ciudadanos, por lo que nosotros no participaremos en este debate", ha dicho.

El portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, entiende que el contenido de la moción choca frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional y ha acusado a Junts pel Sí y la CUP de hacer un "uso perverso" de la institución. Por eso ha pedido a la Mesa que en la reunión del próximo martes reconsidere su postura e inadmita la moción de la CUP. "Si los miembros de la Mesa no están dispuestos a asumir sus funciones, que dimitan", ha dicho.

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