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Espadas en alto en el PP de Valencia

Los nueve ediles investigados por blanqueo de dinero se niegan a dejar el acta

Rita Barberá rodeada de sus concejales, ahora investigados, en un acto electoral.

El Partido Popular de la ciudad de Valencia, que ha gobernado durante 24 años ininterrumpidos la ciudad, se enfrenta estos días a la peor crisis interna de su historia. De los diez concejales que conserva, nueve tienen la condición de investigados (antes imputados) por blanqueo de capitales para financiar la campaña electoral del partido y se niegan a entregar el acta. Rita Barberá está en la misma situación que sus ediles, aunque amparada por el aforamiento que le otorga su condición de senadora. Enfrente, la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, intenta hacer valer su autoridad y exige a los regidores su renuncia. Mientras, la dirección nacional del PP ha decidido abrir un expediente informativo que afecta a medio centenar de cargos en el Ayuntamiento de Valencia por idéntica razón. A continuación se señalan algunas de las claves para no perderse en el conflicto del PP de la tercera ciudad de España.

¿Qué desata la crisis? El origen del escándalo está en las investigaciones realizadas a raíz de la información suministrada por el arrepentido Marcos Benabent, que ocupó durante años el cargo de gerente de Imelsa, una empresa de la Diputación de Valencia, y que grabó numerosas conversaciones con distintos cargos del PP en relación con la existencia de una supuesta trama para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas fraudulentas. Hoy hace dos meses tuvo lugar la Operación Taula con 24 detenidos —algunos de ellos miembros del grupo municipal de Valencia— y más de 30 registros en empresas y domicilios. Del tronco de la investigación, que sigue bajo secreto de sumario, se ha desgajado una pieza por blanqueo de capitales en la que figuran 48 personas del PP vinculadas al grupo municipal como investigadas. El secreto de sumario de esta parte de la investigación se levantó el 14 de marzo.

¿Qué es lo que se investiga? El juez Víctor Gómez trata de determinar si los ediles y asesores del PP ingresaron 1.000 euros en la cuenta del partido para financiar la campaña municipal de 2015 y si esa cantidad se les devolvió en B con dinero procedente de mordidas ilegales. En favor de esa tesis cuenta con las grabaciones realizadas a la exconcejal de Cultura María José Alcón, que en una conversación con su hijo explica la operativa ilícita del grupo municipal; los testimonios de cuatro asesores que se negaron a participar en el blanqueo y otros indicios entre los que figura una denuncia anónima de abril de 2015.

¿A qué personas afecta la causa por blanqueo de capitales? A nueve de los diez concejales actuales del PP en el Ayuntamiento de Valencia y a la práctica totalidad de los asesores del grupo municipal. El partido, como persona jurídica, también está investigado. Una condición en la que estarían igualmente la exalcaldesa Rita Barberá y el exconcejal Miquel Domínguez si no tuviesen la condición de aforados, una por senadora y el otro por diputado autonómico. El juez que instruye el caso, que ha dado a Barberá y a Domínguez la opción de declarar voluntariamente, ya ha iniciado los trámites para inhibirse en favor del Tribunal Supremo si se mantienen los indicios del supuesto delito.

¿Cuál es la posición de los investigados? Los nueve concejales afectados mantienen una posición común: se niegan a dimitir y permanecen en sus cargos. Esgrimen su inocencia —afirman que realizaron la donación pero que no se les reembolsó— y reclaman que se les aplique la literalidad de los estatutos del PP. Es decir, que no se les exija el acta de concejal hasta que no haya apertura de juicio oral. La senadora y exalcaldesa Rita Barberá, tras desvincularse de cualquier gestión realizada por el comité de campaña electoral y de la dirección municipal del partido, decidió enviar mensajes a los principales cargos del PP para que redujesen la presión sobre los ediles.

¿Cuál es la posición del PP regional? La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, remitió el pasado día 22 a los ediles investigados una carta en la que les insta a dimitir en el plazo de diez días hábiles. Si los concejales no siguen la indicación de Bonig, el liderazgo de la presidenta regional puede verse debilitado porque tendrá que esperar a que Génova resuelva el expediente informativo que tiene abierto antes de iniciar los trámites de expulsión de los rebeldes. De momento, el partido en Valencia está gobernado por una gestora que preside el diputado autonómico Luis Santamaría, cuya primera tarea ha sido intentar aclarar las cuentas del partido en la ciudad.

¿Cuál es la posición del PP nacional? Génova abrió el 16 de marzo, tras no pocas tensiones internas por la actitud de Rita Barberá, un expediente informativo y ha encargado al Comité Nacional de Derechos y Garantías que la próxima semana requiera de los investigados en el Ayuntamiento de Valencia cuanta información sea necesaria. "En el seno de ese expediente informativo es donde diremos lo que tengamos que decir y haremos lo que tengamos que hacer", afirmó el exportavoz y expresidente municipal Alfonso Novo.

¿Qué soluciones se barajan? Entre la dimisión voluntaria y la expulsión forzosa hay quienes apuestan por una vía intermedia: apartar temporalmente del partido a los concejales investigados hasta que se abra juicio oral. El problema es que esta solución no frenaría el deterioro del PP en la ciudad de Valencia y que sería difícilmente extrapolable a Barberá, que durante años ha sido calificada por sus compañeros de partido como "la alcaldesa de España".

¿Cuál es la actitud de la oposición política? El resto de partidos ha impulsado la creación de comisiones de investigación en el Ayuntamiento, la Diputación y las Cortes Valencianas para determinar las responsabilidades políticas existentes en la trama de corrupción. Sin embargo, su funcionamiento no empezará hasta que el juez levante el secreto de sumario. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha pedido un informe jurídico para saber si puede rescindir los contratos de los asesores del PP imputados por corrupción.