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La Generalitat desafía al Gobierno con una ley de acceso universal a la sanidad

El Ejecutivo catalán inicia la tramitación de esta norma, que combate un real decreto de 2012

Antoni Comín, al Parlament .

La Generalitat ha iniciado la tramitación de la ley de acceso universal a la asistencia sanitaria, una norma que supone un desafío al Gobierno español: la ley quiere garantizar que todos los residentes de Cataluña tengan acceso a la sanidad pública, y frenar los efectos del Real decreto del 2012 que limita los derechos sanitarios de los no inscritos en la Seguridad Social. Hasta ahora, el Departamento de Sanidad respondía a esta medida con una instrucción, que fue recurrida por el Ejecutivo español ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El consejero de Salud, Toni Comín, ha apuntado que la intención de la ley es blindar legalmente el acceso sanitario universal, una misión que flaqueaba con una simple instrucción. Según sus datos, 65.000 personas se han visto beneficiadas por las medidas de la Generalitat. Comín no ha querido detallar qué coste ha supuesto al erario ni qué gasto supone la nueva ley, porque "no forma parte del relato de este Govern".

El anteproyecto de ley, pendiente de tramitación, elimina las limitaciones que establecía hasta ahora la Generalitat para acceder a toda la cartera de servicios de Salud: el paciente tenía que acreditar que llevaba tres meses empadronado para acceder al segundo nivel de asistencia sanitaria, que incluye la atención primaria y especializada. Si la nueva ley supera todo el trámite y se aprueba, la instrucción quedará automáticamente derogada.

Comín ha destacado la oportunidad de esta ley. La instrucción que hasta ahora garantizaba el acceso universal está en riesgo después de que a principios de mes el TSJC aceptara a trámite el recurso del Gobierno español. Y el Ejecutivo catalán está convencido que la norma podrá salir adelante después de que el Tribunal Constitucional levantara la suspensión sobre una ley similar de la Generalitat valenciana. Son varias las comunidades que se han rebelado contra el real decreto, que supuso "un gran paso atrás", en palabras de Comín.