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Carmena coge el timón de la Ley de Memoria Histórica y aparta a Mayer

El Ayuntamiento crea un comisionado para tutelar el proceso, que rendirá cuentas a través de la presidencia del pleno municipal

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha entregado a los grupos de la oposición el informe que se comprometió a elaborar en el pleno municipal de febrero sobre sus errores de gestión, tanto en el proceso de depuración del callejero de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, como en la programación de la función de Carnaval que acabó con la detención de dos titiriteros por apología del terrorismo. Entre sus conclusiones, el informe avanza que la alcaldesa, Manuela Carmena, asume la tutela de la aplicación de la Memoria Histórica a través de un comisionado, apartando de esa labor a la edil de Cultura.

Mayer se reunió la semana pasada con la concejal socialista Mar Espinar, y hoy ha hechoo lo propio con Sofía Miranda (Ciudadanos) e Isabel Rosell (Partido Popular). A partir de las aportaciones de la oposición, la concejal de Cultura elevará al pleno de la semana próxima un informe definitivo.

624 nombres de calles en cuestión

Peticiónes y alternativas. A 22 de febrero, el Ayuntamiento había recibido solicitudes para cambiar 624 calles. De ellas, 91 fueron enviadas por ciudadanos y 440 por personas jurídicas; en el resto, coincidieron unos y otras. Se han recibido 335 propuestas alternativas para bautizar calles, y 289 para sustituir nombres específicos.

En tramitación. Existen tres expedientes abiertos para asignar nombres relacionados con la Ley de Memoria Histórica: el parque de excombatientes de la Nueve (Ciudad Líneal); la plaza de los Brigadistas Internacionales (Vicalvaro); y la calle de Florentino Rodriguez Alonso (Hortaleza).

Ese pleno debe debatir su reprobación, aplazada el mes pasado precisamente para aportar esta documentación. El Partido Socialista, de cuyo voto dependerá que salga adelante esa reprobación, ha preferido no pronunciarse hasta examinar la documentación aportada (18 documentos).

El Partido Popular dijo ayer que la alcaldesa, Manuela Carmena, elude destituir a Mayer pese a que “no se fía de ella” para “evitar una revuelta del ala radical” de Ahora Madrid. Rosell considera que la creación de un comisionado de Memoria Histórica fuera del alcance de Mayer supone una “desautorización”. “Pierde responsabilidad y a partir de ahora será tutelada por la alcaldesa, que demuestra que no se fía de ella pero tampoco se atreve a cesarla; por dignidad, pensamos que Mayer debe dimitir”, añadió.

La reprobación de Mayer en el pleno, si se produce, no obligaría a Carmena a destituir a Mayer.

La documentación trasladada a la oposición, a la que tuvo acceso EL PAÍS, repasa el proceso de aplicación de la Ley de Memoria Histórica iniciado en el pleno de diciembre, que aprobó la elaboración de un plan integral y el cambio nombre de 30 calles; además, Mayer anunció entonces la retirada de varios vestigios franquistas en cumplimiento de la norma.

El “error” de la placa

Empezó a hacerlo el 29 de enero, desmontando la placa en homenaje a ocho monjes fusilados en 1936 del cementerio de Carabanchel, un “error” que fue reconocido y remediado el 3 de febrero porque “estaba fuera del ámbito de la Ley de Memoria Histórica”. También retiró, el 2 de febrero, el monolito al Alférez Provisional del barrio de los Jerónimos; la Fundación Francisco Franco denunció esta acción, y la concejalía de Cultura se dio cuenta entonces de “la inexistencia de disposición o acto administrativo que amparase esa retirada”. La Alcaldía ordenó reponer también ese vestigio, así como la placa a José García Vara en la calle de Arrieta, retirada el mismo día.

El Gobierno regional requirió el 2 de febrero al Ayuntamiento un listado de todas las actuaciones realizadas, y le instó a suspender cualquier otra intervención hasta tener la autorización preceptiva de la Dirección regional de Patrimonio Cultural. Según el informe municipal conocido ayer, “con estas primeras actuaciones se detectaron vacíos normativos y procedimentales consecuencia de no haberse aplicado la Ley de Memoria Histórica en Madrid desde su aprobación en 2007”.

Considera necesario pues promulgar “una normativa municipal”, que “se encuentra en estudio”, para llevar a cabo la retirada de vestigios de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica. Y admite que necesita también el permiso de la Comisión Local de Patrimonio Histórico (controlada por la Comunidad de Madrid).

En cualquier caso, considera que sí puede cambiar los nombres de las calles porque eso está regulado en una ordenanza, aunque esta actuación esperará al nombramiento del comisionado.

Sobre el callejero, el informe admite que “los contactos” con la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense para elaborar un listado definitivo de vías con referencias franquistas “no han llegado a buen puerto” por “la polémica habida sobre la existencia y autoría de distintas listas de calles cuya eliminación parecía proponerse”. Así, se ha decidido crear un comisionado —como anunciaron a finales de febrero Carmena y la portavoz municipal socialista, Purificación Causapié— para “dirigir los trabajos necesarios”, adscrito al coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, mano derecha de Carmena, y que rendirá cuentas a los grupos municipales a través de la presidencia del pleno, que ostenta la alcaldesa.

"Error de programación" en Carnaval

El informe elaborado por la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, también refleja los errores cometidos en el Carnaval. Según relata, es la Concejalía de Tetuán (que preside Montserrat Galcerán) la que propone que los contenidos del Carnaval los diseñe Ramón Ferrer, que llevaba cinco años “desarrollando acciones culturales de todo tipo en el distrito”.

Mayer encargó la organización del festejo a Madrid Destino, y la empresa municipal contrató supuestamente a Ferrer (por 5.699 euros) como comisario y a Lucía Callén como coordinadora artística. Sin embargo, ninguno de los dos firmó contrato alguno; Callén incluso niega que tuviera encomendadas las labores de dirección artística.

Cuatro líneas de sinopsis

Madrid Destino contrató por 1.000 euros a la compañía Títeres desde Abajo para el espectáculo La Bruja y Don Cristobal. En el contrato aparecía una sinopsis de cuatro líneas y se indicaba que la función era “para todos los públicos”. “No hay ningún documento que acredite que algunas de las personas que intervinieron en la preparación del Carnaval tomara a su cargo la comprobación de este espectáculo ni su adecuación al público infantil”, señala el informe.

“Una vez comprobado lo que ya es de todos conocido, se interrumpió la representación”, añade el informe. Mayer denunció entonces “la supuesta escenificación de actos ofensivos y lesivos contra la sensibilidad”, y días después expuso al juzgado que se había tratado de “un error de programación”, al catalogarse la obra como para todos los públicos en lugar de sólo para mayores. Señaló además que esto “nada tenía que ver” con la imputación a los dos titiriteros por el juez de un presunto delito de apología del terrorismo.

El informe achaca el error a “la dirección artística”, resolviendo entonces un contrato que supuestamente nunca se firmó. El director municipal de Programación de Actividades Culturales, Jesús Carrillo, dimitió y fue sustituido por Getsemaní de San Marcos; se contrató además a una vocal asesora de la Alcaldía para la concejalía de Cultura. Para evitar que se pueda repetir algo similar, el informe recomienda crear un puesto de director de Programación en Madrid Destino y reforzar los mecanismos de contratación.

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