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La CUP pide que se desobedezca el fallo del Constitucional sobre el 9-N

El Parlament debatirá una moción que reclama la vigencia de la declaración independentista anulada

El Tribunal Constitucional.

La CUP ha dado una vuelta de tuerca más en su desafío a la legalidad española y ha presentado una moción para debatirla en el Parlament en la que se solicita expresamente que la cámara declare que continúa vigente la declaración independentista del pasado 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional.

Por ese motivo, los anticapitalistas piden "no atender el contenido" de aquella sentencia, que ahora se encuentra en fase de ejecución y pendiente de lo que resuelva el Alto Tribunal tras el recurso presentado por el Gobierno en funciones del PP ante el anuncio de la redacción de las tres leyes de ruptura.

La moción de la CUP va más allá de reclamar abiertamente que se haga caso omiso a la sentencia del Tribunal Constitucional e insta al Gobierno catalán a que en el plazo de 30 días presente un plan de ejecución de todos y cada uno de los anexos que contiene la declaración de independencia que fue anulada.

Al amparo del contenido de esa declaración, la CUP propone expresamenrte que la Generalitat "desatienda los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática" y que, por tanto, los Mossos d'Esquadra "no los ejecute como policía judidial".

La declaración independentista fue apoyada por decenas de ayuntamientos catalanes, lo que provocó que la Audiencia Nacional abriera numerosas causas y reclamase a la policía autonómica que informara de qué trámites se siguieron y qué concejales votaron a favor.

Un buen número de esas causas ya han sido archivadas por la Audiencia Nacional al no apreciarse el delito de desobediencia del que acusaba la fiscalía, aunque algunas continúan en trámite, entre ellas las que afectan a ayuntamientos gobernados por la CUP, que se han negado a facilitar la información requerida por los jueces.

La moción de la CUP se debatirá con toda probabilidad en el pleno del Parlament del próximo 30 de marzo y volverá a ser otra prueba de fuego sobre la salud del acuerdo de legislatura entre los anticapitalistas y Junts pel Sí.

En esa línea de desafío frontal a la legalidad española, la CUP reclama al Parlament que exprese el "máximo apoyo a todos los ayuntamientos catalanes investigados y criminalizados" por apoyar la declaración de independencia, así como "alentar a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticcas del Estado español".

El texto de la moción concluye con dos peticiones al Gobierno que preside Carles Puigdemont: que en el plazo de un mes elabore también un plan de actuación de la primera fase del "proceso constituyente" de Cataluña y que en los Presupuestos de este año que se está elaborando se destine una partida específica para ese cometido.

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