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Socialistas y Compromís exigen la destitución del jefe policial valenciano

Los partidos denuncian que el nuevo mando retrasó la investigación de la corrupción

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Ana Barceló.

Los socialistas y Compromís han exigido este jueves la destitución del nuevo jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante, nombrado hace unos días por el Ministerio del Interior, al que acusan de haber retrasado la investigación de casos de corrupción que afectan al PP durante su etapa como mando en Alicante, como publicó este miércoles Eldiario.es.

"No deja de ser sospechoso que con estos antecedentes se realice este nombramiento, más si cabe en una comunidad como la nuestra donde la corrupción forma parte del día a día y donde la diligencia del trabajo de la policía es fundamental para aclarar todos estos procesos", ha afirmado la diputada autonómica socialista Ana Barceló. Compromís ha anunciado, por medio de su portavoz en el Parlamento autonómico, Fran Ferri, que pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que rectifique.

Cuasante accedió al cargo de jefe policial de la provincia de Alicante en febrero de 2014. Un año más tarde, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que intervenir exigiendo a la Dirección General de la Policía que eliminase los "obstáculos" que impedían al juez del caso Brugal recibir un informe que había exigido ya tres años antes. El informe se refería a unos registros practicados en el año 2010.

El caso Brugal es el gran proceso sobre corrupción en el urbanismo y la gestión de las basuras de Alicante. En él están imputadas decenas de personas, incluidos los dos últimos alcaldes populares, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia José Joaquín Ripoll —que se enfrenta a una petición del fiscal de 16 años de cárcel—, numerosos excargos públicos y el constructor Enrique Ortiz.

Las quejas del juez instructor en Alicante de Brugal, y de la juez de Orihuela que indagaba otra ramificación de la presunta trama de las basuras no son las únicas que se han elevado contra Cuasante. También se han producido quejas sindicales en el seno de la policía y, en julio de 2014, este periódico informó de la decisión de Cuasante de reducir hasta un 15% la plantilla de la Brigada de la Policía Judicial de la provincia de Alicante y destinarlos a tareas de seguridad ciudadana.

A esta brigada pertenece, entre otras unidades, la de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de elaborar los informes para los jueces del caso Brugal.

Fuentes judiciales y de la fiscalía vienen manifestando en los últimos años su malestar por decisiones tomadas por altos mandos policiales, especialmente en Alicante, ya que desde su punto de vista no han contribuido a mejorar la eficacia de las unidades dedicadas a investigar la corrupción, sino a sobrecargarlos con otro tipo de tareas.

Hace tiempo que la Fiscalía Anticorrupción solicita la intervención de unidades especializadas directamente en Madrid, como la UDEF o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para evitar filtraciones como las que jueces y fiscales creen que se produjo en el caso Blasco. Los miembros de la trama que malversó los fondos de cooperación al desarrollo, dirigida por el exconsejero Rafael Blasco, habrían sido advertidos de la inminencia de la operación policial que llevó a su desarticulación, según se desprende de una de las conversaciones pinchadas por la policía.

La diputada socialista Barceló ha vinculado a Cuasante con el ex número dos de la Generalitat y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que también fue director general de la Policía y se halla imputado en el caso Gürtel, en la pieza sobre la visita del Papa. Compromís lo ha relacionado también con el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex secretario general del PP provincial Serafín Castellano, detenido el año pasado e imputado en el caso sobre la llamada trama del fuego.

"Se trata de una serie de coincidencias que no parecen casualidades y que apuntan directamente a que este nombramiento responde a intereses partidistas y que en ningún caso buscar premiar la profesionalidad y diligencia en el cargo", ha dicho Barceló. "Creemos que un Gobierno en funciones como el que hay hoy por hoy en Madrid no debería hacer este tipo de nombramientos, y menos de personas con una trayectoria tan sospechosa".

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