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Oltra: “Rita Barberá no ha sabido gobernar y tampoco sabe irse”

El Gobierno valenciano multará a los bancos que tengan casas vacías

Ignacio Zafra
Mònica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana.
Mònica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana.JOSÉ JORDÁN
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La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mònica Oltra, ha afirmado este miércoles refiriéndose a la exalcaldesa y ahora senadora Rita Barberá y a otros dirigentes del PP valenciano que "no han sabido gobernar y tampoco saben irse; ese último pedazo de dignidad tampoco lo tienen".

El presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado tras visitar las Fallas que "ya nadie puede tener la menor duda de la responsabilidad política de la alcaldesa en todo lo que ha pasado", al margen de la penal que puedan acabar determinando los jueces.

Oltra ha hecho la afirmación en la conferencia de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por si cree que Barberá debería renunciar a su escaño una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que sea imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco del caso Taula. Y el juez ha iniciado el proceso para pedir al Tribunal Supremo que lo haga. La exregidora ha negado haber cometido ninguna irregularidad.

La número dos del Ejecutivo autonómico ha opinado que la exalcaldesa debería dejar al acta una vez que todo su equipo municipal ha sido imputado, así como su propio partido. Y se ha considerado legitimada para decirlo porque Barberá es senadora por su condición de senadora territorial, designada por las Cortes Valencianas a propuesta del Partido Popular.

En el caso de que no dimita, “al menos que vaya a trabajar”, ha añadido Oltra en referencia a las pocas veces que la exalcaldesa ha ido al Senado en lo que va de año, debido según ha admitido al estallido del caso Taula.

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Fondos europeos afectados

La Generalitat ha aprobado la creación de una Viceintervención General de Control de Fondos Comunitarios, que se encargará de revisar los proyectos financiados con fondos europeos que pudieron verse afectados por la actividad de la trama del 3% desmantelada en la operación Taula.

Oltra ha afirmado que la decisión de crear este departamento específico dentro del órgano de control interno de la Generalitat fue anterior a la carta remitida por la Comisión Europea al Gobierno en la que expresaba su "preocupación" por el hecho de que fondos europeos pudieran haber acabado en manos de los miembros de la presunta red de corrupción.

El Consell tiene mucho interés, ha destacado la vicepresidenta, en trasladar a la Unión Europea que la Comunidad Valenciana tiene hoy un “Gobierno responsable” que apuesta por gestionar los fondos públicos “con transparencia”.

Los centros valencianos en el exterior, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, potenciados durante la etapa de Gobierno del PP, y en especial durante el mandato del exconsejero Rafael Blasco, ahora en la cárcel por malversar fondos de la cooperación, también están siendo revisados después de que se hayan detectado irregularidades. Entre ellos, ha indicado Oltra, haber inflado el censo de usuarios de algunos de centros, que han estado recibiendo subvenciones de la Generalitat.

Ley de vivienda

El Gobierno valenciano ha aprobado este miércoles, por otra parte, un anteproyecto de ley que prevé multar a los bancos y otros "grandes tenedores" de viviendas vacías que no colaboren en la creación de un registro de casas deshabitadas. O que, una vez inscritas en él, superen un periodo de tiempo sin ser ocupadas. "No es posible que seamos la tercera autonomía en desahucios y tengamos el 15% de las viviendas vacías, unas 500.000", ha dicho la consejera.

El Consell incluirá en la ley la posibilidad de expropiar el uso y disfrute de las viviendas de los grandes tenedores —aquellos que sean propietarios de más de 10 inmuebles— cuando, cumplidos unos plazos, sigan sin tener inquilinos. Pero la expropiación no se aplicará, ha indicado la consejera de Obras Públicas, la socialista María José Salvador, mientras no cambie el marco regulatorio estatal, para no provocar un conflicto de competencias.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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