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Los nueve ediles del PP de Valencia imputados se niegan a dimitir

La líder del partido de la Comunidad Valenciana anunció que tendrían que entregar el acta

Alfonso Novo, responsable del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Los nueve concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia —del total de 10 que lo componen— imputados por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso Taula, aseguraron este martes en una comparecencia pública que no piensan dimitir. El anuncio supuso un desafío a la líder del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, que ha insistido en que los ediles habían aceptado entregar el acta una vez que se levantara el secreto de sumario.

El portavoz del Grupo Popular en el Consistorio, Alfonso Novo, argumentó que en las actuaciones no hay “pruebas de cargo ni datos que demuestren comisión de delito”. Novo y el resto de ediles y asesores imputados, que comparecieron con él en las instalaciones que el partido ocupa en la última planta del Ayuntamiento, consideraron poco relevantes las declaraciones de testigos y las conversaciones grabadas a la exconcejal María José Alcón. En ellas se detalla la supuesta operación de blanqueo cometida poco antes de las elecciones locales de 2015.

Esta habría consistido en que 50 miembros del Grupo Popular ingresaron 1.000 euros en la cuenta del PP y los recibieron en los mismos días del partido de fondos de origen desconocido, en dos billetes de 500 euros. Según la fiscalía, se trata de una “operativa tradicional en el blanqueo de capitales”, definida como “pitufeo”, cuyo objetivo “no es otro que evitar que las autoridades monetarias sospechen de ingresos en efectivo en cantidades superiores”. El dinero del partido provenía, según mantienen los investigadores, de una caja b nutrida de comisiones cobradas a adjudicatarios de contratos públicos.

El portavoz no aclara el origen del dinero

La Guardia Civil ve “sospechosos” los ingresos que siete investigados del PP de Valencia hicieron en sus cuentas bancarias poco después de donar 1.000 euros al partido. El portavoz Alfonso Novo, ingresó 785 euros. “Si digo que venían de romper mi hucha no me vais a creer. Y si digo que de una conferencia, tampoco”, explicó este martes.

Novo planteó que las declaraciones de los testigos y las conversaciones telefónicas de Alcón que implican a todo el grupo podían perseguir perjudicar al PP por “resentimiento”. Un rencor que tendría su origen en el hecho de haberse quedado fuera del grupo municipal tras las pasadas elecciones locales.

Los concejales populares coincidieron con los argumentos que, una hora antes, había expuesto su antigua jefa, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. En contra de la línea seguida por la líder regional del partido, Novo recordó que los estatutos del partido prevén que la adopción de medidas contra miembros de la formación inmersos en procesos judiciales debe adoptarse “en el momento en que se produzca la apertura de juicio oral”. Algo que, según el portavoz municipal, no llegará a producirse.

La decisión de aferrarse al cargo hará “un poco más complicada” la labor de oposición del PP, reconoció Novo. El Grupo Popular es el más numeroso del Ayuntamiento que dirige un tripartito presidido por Joan Ribó. “Pero solo llevamos ocho meses de legislatura. Hay tiempo para recuperarnos. Tenemos que seguir trabajando por los ciudadanos”, afirmó.

Isabel Bonig tiene previsto reunirse hoy con los concejales para tratar su situación una vez levantado el secreto de sumario. Fuentes del partido citadas por Efe afirmaron que ella no ha modificado “ni un ápice” su intención de requerirles el acta de concejales.

Bonig ya se vio forzada a disolver la dirección del partido en la ciudad, que presidía Novo, y crear una gestora. Una decisión pactada con la dirección nacional de los populares.

El caso Taula ha sido como un terremoto para el PP valenciano, que perdió el poder en 2015 después de dos décadas gobernando la mayor parte de las instituciones. Y aún puede causar más daños. La causa apunta también al presidente provincial del PP, Vicente Betoret —sucesor de Alfonso Rus, uno de los detenidos en enero— y fuentes de la investigación consideran que será citado a declarar como imputado. La dirección regional, creen en el partido, no tendrá más remedio que crear otra gestora a escala provincial.

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