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La ‘número tres’ de Ciudadanos niega haber recibido pagos de la ‘Púnica’

David Marjaliza afirma que le financió viajes por España entre 1998 y 2003

Eva Borox, segunda por la derecha, con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea y otros integrantes de candidatura.
Eva Borox, segunda por la derecha, con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea y otros integrantes de candidatura.

La Guardia Civil investiga a la número tres de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Eva Borox, por su presunta relación con David Marjaliza, socio de Francisco Granados (PP), en la trama Púnica, según el diario Público. Las autoridades la investigan por presunto cobro de comisiones y por beneficiarse de varios viajes, desde 1998 hasta 2003, a destinos como Mallorca, Cádiz, Andorra, Almería o Denia, entre otros. Borox ha negado este lunes haber recibido dinero del presunto cerebro del caso Púnica, aunque ha reconocido conocerle por "residir en la misma localidad (Valdemoro) y tener amigos en común".

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La parlamentaria de la formación naranja ha desmentido la información ofrecida hoy en el programa Al rojo vivo de La Sexta, que ha señalado que Granados incriminó a Borox en su declaración ante el juez al afirmar que le pagó 30.000 euros. Lo hizo, según el exconsejero de Presidencia de la Comunidad, cuando Borox era concejal del PSOE en Valdemoro a cambio de su voto a favor para la construcción de un colegio concertado. Así consta en el sumario, según la cadena de televisión de Atresmedia.

Eva Borox proclamó hace unos meses, entre lágrimas, que nunca había tenido amistad con el empresario David Marjaliza. Sin embargo, La Sexta ha desvelado que la relación entre la parlamentaria de Ciudadanos y el presunto socio de Granados en la Púnica era "muy estrecha". Según esas informaciones, Marjaliza habría invitado a Borox y a su marido, teniente de alcalde de Valdemoro, a varios viajes por la geografía española.

La diputada del partido que preside Albert Rivera ha aclarado en un comunicado que Marjaliza nunca le ha pagado "ningún viaje ni tampoco comisión alguna". "Se trata de un señor al que conocía por residir en la misma localidad, tener amigos en común y existir una relación entre nuestras familias", ha añadido.

La información de La Sexta ofrece más detalles sobre una declaración de la que ya informó el pasado julio el periódico digital El Español, que manifestó que Borox había recibido dinero para "estar al servicio" del exdirigente del PP Francisco Granados, considerado cabecilla de la trama Púnica. En una rueda de prensa, la diputada de Ciudadanos dijo entonces que se trataba de una mentira "absoluta, asquerosa y repugnante", negó cualquier vínculo con el caso Púnica y dejó claro que renunciaría de forma inmediata a su acta si fuese imputada. Ahora, Ciudadanos subraya que no entra a valorar "las relaciones y posibles amistades" de su parlamentaria, pero recalca que si Borox fuera investigada "tendría que dejar el acta" tal y como recogen sus estatutos, reconoce César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Corrupción.

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Con pasado socialista

La número tres de Ciudadanos en la Asamblea, Eva Borox, fue expulsada del PSOE en 2007, tras ser acusada de haber afiliado a amigos y familiares del PP en la agrupación de Valdemoro. El entonces secretario regional del PSM, Rafael Simancas, ordenó que se disolviera la agrupación y que se encargara una gestora de la dirección del partido local. Borox mantiene, por su parte, que nadie la echó, y que fue ella la que decidió no solicitar de nuevo su alta en la formación cuando se deshizo la agrupación socialista en Valdemoro.

La historia de Eva Borox ocurrió en junio 2005, cuando ella se hizo cargo de la portavocía del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valdemoro. En aquel entonces, controlaba la agrupación el anterior alcalde, Antonio Serrano. En esa época, un grupo de militantes empezó a cribar el censo de afiliados y comprobó que parte de los nuevos militantes habían estado en el PP, cuyo secretario general era Francisco Granados, o estaban relacionados con el constructor David Marjaliza. Ambos están en prisión como los supuestos máximos responsables de la llamada Operación Púnica, una supuesta red de corrupción en municipios de la Comunidad de Madrid.

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