Antifraude investiga 1,4 millones en pagos sin justificar en el Ayuntamiento

La OAC ha abierto investigación de oficio al conocer que Colau también estudia las facturas

El ex alcalde Xavier Trias y el ex concejal Antoni Vives en la plaza de les Glòries el año pasado.

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto una investigación para esclarecer el supuesto pago de 1,4 millones de euros en facturas sin justificar del Instituto Municipal de Informática (IMI), adscrito al Ayuntamiento de Barcelona, durante el mandato de Xavier Trias (CiU). La investigación se ha iniciado de oficio después de conocerse las presuntas irregularidades detectadas en ese organismo a través de las noticias aparecidas en los medios, en las que se anunciaba que el equipo de Ada Colau también ha puesto la lupa en esos pagos.

La diferencia entre la investigación municipal y la de Antifraude es que este organismo dispone de más competencias y medios para intentar esclarecer la legalidad de los pagos. La ley que regula la actuación de la OAC le permite llamar a declarar a las personas que considere oportuno, así como acceder a las cuentas bancarias en las que se hayan realizado pagos con procedimientos de adjudicación de contratos.

Encargo de Colau a Asuntos Internos

La alcaldesa Ada Colau firmó en enero un decreto encargando a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento —una suerte de oficina de Asuntos Internos que dirige Joan Llinares–, el análisis de la gestión financiera del IMI en 2014 y 2015.

Los gastos por valor de 1,4 millones en el pago de estas facturas indagadas por la OAC son ajenos a cualquier partida presupuestaria y se realizaron sin seguir los procedimientos que fija la ley, una actuación que por sí sola ya merece y justifica la intervención de la OAC. Nueve de cada diez investigaciones que concluye la oficina referidas a irregularidades administrativas concluyen con informes que son atendidos por las administraciones.

Cuando el Ayuntamiento abrió su investigación interna para esclarecer el pago de esas facturas se explicó que se podría haber abusado de la contratación directa en los trabajos facturados, pero no se volvieron a conocer más detalles. Antifraude considera que su investigación no se solapa con la iniciada por el consistorio y recuerda la obligación que tienen las administraciones de colaborar ese organismo.

Las facturas corresponden a los ejercicios 2014 y 2015, cuando el IMI dependía del ex concejal Antoni Vives y el gerente era Manel Sanromà. Cuando el equipo de Colau las dio a conocer, CiU defendió su gestión al frente del Consistorio y avisó de que no toleraría “cacerías de brujas”. Aun así, se abrió a colaborar en la investigación.

Solicitud al Ayuntamiento

Las competencias de Antifraude también le permiten “acceder a cualquier información” que se halle en poder de organismos o personas “afectos a su ámbito de actuación”, además de personarse en cualquier oficina de la administración para solicitar información y realizar las comprobaciones oportunas para examinar los documentos oficiales o las bases de datos o libros de registro. En ese sentido, la OAC ya se ha dirigido al Ayuntamiento para solicitarle la totalidad de los expedientes de los pagos realizados.

Finalizada su investigación, Antifraude puede concluir con el archivo del caso si cree que la tramitación fue correcta; con una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona para evitar que se vuelva a reproducir o, llegado el caso, con una denuncia ante la fiscalía o el juzgado de guardia si cree que los hechos pudieran ser delictivos, una actuación que también puede hacer el consistorio.