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Salud auditará las privatizaciones sanitarias en Cataluña

El Departamento hará un estudio similar al encargado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre externalizaciones en sanidad

Vista aérea del Hospital General de Catalunya

El Departamento de Salud sigue adelante con su lavado de cara después de cinco años de recortes sistemáticos en el sector. Apremiados siempre por los dictados del plan de choque pactado entre Junts Pel Sí y la CUP para conseguir el favor de los anticapitalistas, el gobierno catalán continúa labrándose su papel como adalid de la sanidad pública. Después de anunciar que echará de la red hospitalaria pública a entidades con ánimo de lucro, el Departamento ha decidido también seguir los pasos del Ayuntamiento de Barcelona y auditar las privatizaciones sanitarias que ha sufrido el sector en los últimos años.

Apenas una semana después de que el gobierno municipal presentase un informe sobre "la mercantilización" de la asistencia sanitaria en el que revelaba que Salud destina 200 millones anuales a actividad privada en la ciudad, el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) reveló ayer tras una reunión con el consistorio que el Departamento prepara "una auditoría similar para el conjunto de Cataluña". Mientras se lleva a cabo el estudio, Salud montará un grupo de trabajo "para compartir el diagnóstico y las actuaciones" sobre las cuestiones que refleja el informe municipal.

El estudio de Salud, por su parte, también ahondará en las derivaciones de pacientes a empresas con ánimo de lucro. "El Departamento tiene previsto hacer una auditoría muy profunda y rigurosa para tener un mapa completo de las derivaciones de todo el país", avanzó el consejero de Salud, Toni Comín, hace una semana. En 2014, último año del que se tienen datos, Salud derivó 16.253 pacientes de su hospital de referencia a otros centros de la red pública (Siscat). Casi el 50% de ellos fueron a parar a alguno de los tres hospitales del grupo empresarial Quironsalud.

Precisamente, estos tres centros sanitarios son los primeros que Comín echará del Siscat durante esta legislatura. El consejero siempre se ha vanagloriado de que, pese a ser una demanda recogida en el plan de choque, la intención de desterrar del ámbito hospitalario a entidades con ánimo de lucro fue una medida de su propia cosecha, propuesta por él.

Con todo, lejos de aplacar los ánimos entre las voces que se alzaron en defensa de la sanidad pública, la decisión ha abierto la puerta a que esta misma premisa se traslade al ámbito sociosanitario y de salud mental. A raíz de las conclusiones del informe presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, la comisionada de Salud municipal, Gemma Tarafa, instó a Salud a ir un paso más allá y excluir también de la red pública de salud mental y sociosanitarios a operadores con afán de lucro. Comín, por su parte, emplazó las decisiones a los resultados de la auditoría: "Primero tenemos que hacer la auditoría sobre las derivaciones a proveedores de carácter privado y cuando tengamos la auditoría acabada, tomaremos medidas", apuntó.

 Priorizar la atención primaria

El Departamento también acordó ayer firmar un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para marcar las prioridades sanitarias de los próximos siete años. La atención primaria, la salud mental y las adicciones son las líneas de actuación más importantes para ambos gobiernos y se primarán las inversiones en estas áreas.

Las desigualdades y la situación de vulnerabilidad de los pacientes también serán piezas capitales a tener en cuenta a la hora de redistribuir los recursos. Así, además de reordenar los presupuestos de los centros de atención primaria (CAP) en función de los determinantes sociales, Salud y el Ayuntamiento preparan una mesa de trabajo para impulsar modelos de atención integrada. En concreto, el Departamento quiere priorizar el plan de retorno al domicilio de pacientes con ictus o proyectos para facilitar el diagnóstico en pacientes sin hogar con trastornos mentales graves. A la espera de una normativa que asegure la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria, el Ayuntamiento creará un comité de acceso para evitar que ningún paciente tenga problemas para entrar a la red sanitaria por su situación administrativa.