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Barberá no tenía obligación de acudir a la llamada de las Cortes valencianas

El Parlamento autonómico convocó a la exalcaldesa para hablar sobre la operación Taula

La exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá no tenía "obligación" de acudir a las Cortes Valencianas para explicar su presunta implicación en el caso Taula, la investigación sobre una presunta trama de cobro de comisiones y financiación ilegal del PP regional, según ha señalado este miércoles el presidente de la Cámara, Enric Morera.

El Parlamento autonómico la citó para que comparecira el 29 de febrero ante su comisión de coordinación y Barberá, ahora senadora territorial elegida por las Cortes, se negó. Un dictamen hecho público por la Cámara confirma que aunque los senadores designados por la Comunidad Valenciana deberían comparecer ante la llamada de las Cortes, no existe ningún mecanismo legal previsto para imponerlo.

La ley de designación de estos parlamentarios y el reglamento de la Cámara autonómica "permiten entender que los senadores territoriales están obligados a participar en las comparecencias", "siempre que no concurra una causa justificativa de su ausencia", indica el dictamen jurídico firmado por la letrada del Parlamento. "Ahora bien, la obligación de comparecer de la senadora y del resto de senadores designados por las Cortes no se encuentra respaldada por una acción jurídica que, ante una negativa explícita como la analizada, permita hacer efectiva la comparecencia".

Barberá remitió un escrito a la Cámara exponiendo las razones por las que se oponía jurídicamente al requerimiento. Tres de los motivos, basados en la normativa del Parlamento autonómico, son considerados de "carácter formal" e insuficientes para justificar su ausencia por el servicio jurídico de las Cortes.

El siguiente argumento, de fondo, esgrimido por Barberá era que el caso Taula se encuentra "sometido al secreto sumarial". El informe jurídico de las Cortes rebate que ello sea razón para eludir la comparecencia, ya que esta no tiene por qué "interferir ilegítimamente en un proceso judicial". La existencia de este procedimiento "en nada empece el debate político sobre el mismo tema" dado "que el compareciente tiene libertad para informar en los términos que juzgue oportuno".

Tribunales totalitarios

Después de pasar varias semanas sin ir al Senado ni apenas salir de casa, Barberá compareció en la sede del PP de la Comunidad Valenciana cuatro días antes del día fijado por las Cortes para su comparecencia. Y adelantó que no pensaba someterse "a tribunales totalitarios”, en referencia a la llamada del Parlamento autonómico, que fue instada por Podemos.

El presidente de las Cortes, tras señalar que no hay nada que la Cámara pueda hacer ante la inasistencia de la exalcaldesa, ha abogado por hacer una "reflexión política" de lo que debería suceder ante situaciones como esta si se quiere recuperar el "prestigio de las instituciones".

La líder del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha mantenido que la única obligación legal de comparecer ante las Cortes es ante comisiones de investigación. La ley prevé que rehusar hacerlo constituye un delito de desobediencia. Bonig ha emplazado a que llamen a Barberá cuando se cree la comisión de este tipo que ya ha sido anunciada.

Una parte del caso Taula está centrada en el supuesto delito de blanqueo de capitales que habrían cometido medio centenar de concejales, exediles y empleados del Grupo Popular poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Los implicados supuestamente recibieron mil euros en metálico de fondos de origen desconocido, presuntamente una caja b, e ingresaron una cantidad idéntica en la cuenta del PP local.

En el procedimiento existen indicios de que Barberá participó en el supuesto delito, y el juez instructor del caso, Víctor Gómez, inició hace unas semanas el proceso para pedir que Barberá sea imputada al preguntar al Senado por su condición de parlamentaria de la Cámara Alta. Los senadores están aforados ante el Tribunal Supremo, el único órgano que puede actuar penalmente contra ellos.

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