Más de 22.500 catalanes han muerto esperando la ayuda por dependencia

Un total de 22.588 catalanes han muerto en los últimos cinco años mientras esperaban recibir las ayudas que fija la ley de dependencia. La cifra figura dentro de una respuesta parlamentaria del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, a preguntas del grupo de Ciudadanos. El año pasado fallecieron 3.346 personas que se encontraban en dicha situación, un 11% más que en 2014 aunque menos de la mitad de los casos que se registraron en 2011. El informe solo ofrece datos desde ese año. El 53% de los solicitantes de estas ayudas tiene más de 80 años. El Observatorio Estatal de la Dependencia calcula que en los últimos cuatro años murieron más de 125.000 personas en toda España a la espera de recibir las prestaciones de la ley.

Trabajo y Asuntos Sociales desgrana la cifra de personas en dos colectivos: los muertos a los que solo se les reconoció su nivel de dependencia y los que estaban a la espera del Programa Individual de Atención (PIA). En el primer caso los fallecidos fueron 10.031 y 12.557 en el segundo. La PIA es el instrumento por el cual se asigna la prestación adecuada de acuerdo con el estado y grado de dependencia del beneficiario.

La Generalitat siempre ha defendido que los tiempos medios para acceder a las ayudas son de unos tres meses para la valoración inicial y después medio año para que los servicios sociales elaboren el PIA correspondiente. Las entidades sociales, sin embargo, denuncian que en la práctica la espera es mucho más larga. Para ellos no se trata de ineficiencia del personal de Servicios Sociales sino que señalan la financiación de la ley como el principal escollo para que nuevos beneficiarios puedan acceder al sistema.

Una muestra de ello son las 58.846 personas con Grado I reconocido en Cataluña, el más leve, y que habían viso postergada la ayuda por restricciones presupuestarias. Solo hasta julio del año pasado pudieron comenzar a tramitar sus PIAs para poder acceder a las prestaciones. “El sistema ha colapsado, de manera que los nuevos atendidos no lo son en virtud de su derecho sino de las bajas que se producen”, critican desde el Observatorio.

El 70% del presupuesto para programas de Trabajo y Asuntos Sociales se destina a sufragar las ayudas derivadas de la ley de dependencia, unos 910 millones de euros. El texto de la norma establece que las Comunidades Autónomas deben aportar una cantidad “al menos igual” a la que da el Estado. Sin embargo, el porcentaje de la aportación catalana ha ido subiendo a medida que la del Ministerio de Sanidad ha ido disminuyendo, como única manera de no dejar desprotegidos a los beneficiarios. En los últimos tres años el recorte en Cataluña ha sido de unos 240 millones por parte del Estado.

La consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, también le respondió a Ciudadanos que a fecha del 31 de diciembre de 2015 “se ha abonado a los legítimos herederos un total de 105 millones de euros” por prestaciones de fallecidos.