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Dos años sin reducir la pobreza

Las entidades sociales piden que el próximo pleno monográfico acabe con indicadores de impacto y no solo buena voluntad

Un alumno de primaria en un comedor escolar.

La dura situación social, consecuencia de la crisis, llevó a que hace dos años se celebrara un pleno monográfico sobre la pobreza en el Parlament. Las entidades sociales, que no fueron invitadas a participar por el veto de CiU y ERC, salieron de la sesión extraordinaria con un gesto agrio. Por un lado, nunca antes los temas sociales habían tenido tanta relevancia en la agenda pública. Pero por otro, la lista de unas 150 actuaciones aprobadas era muy genérica, no implicaba financiación adicional o se correspondía con iniciativas ya en marcha y de corte más paliativo.

Unos 300.000 menores proceden de familias bajo el umbral de pobreza

Hace un año, la Generalitat aseguró que había cumplido con el 77% de sus compromisos. Pero las entidades no lo ven claro. Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector se muestra escéptico. “No hubo nada que nos permitiera hacer un seguimiento real de sus resultados del anterior. Echamos de menos indicadores e impacto”, se queja Se trata de una opinión compartida. “Casi nada ha servido para transformar la realidad”, lamenta Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes de Acció Social (ECAS) y portavoz de la plataforma Pobreza Cero.

La estadística oficial muestra como la tasa de riesgo de pobreza ha rondado en los últimos años el 20%. Hay 113.000 hogares catalanes sin ingresos. La quinta parte de la población con el nivel económico más alto en Cataluña tiene 6,5 veces más renta que el 20% más desfavorecido. Tres puntos que los sucesivos planes contra la pobreza, sean de choque o antichoque, no han logrado erosionar. Illa espera que la sesión del miércoles, convocada por los socialistas y Catalunya Sí Que Es Pot, vaya más allá. La carta a los reyes que ahora presentan las entidades de cara al pleno es idéntica a la de 2014. El primer punto, un sistema de rentas que permita asegurar ingresos mínimos a las familias que no cuentan con recursos. Consolidar un parque de vivienda público que permita atender las emergencias sociales. Y unos partidos que, explica Crespo, estén a la altura. “Claro que faltan recursos, pero también hay que mirar cómo se hace la gestión propia”, pide Illa.

Acceso a bienes básicos.El departamento de Empresa defiende que a ninguna familia se le corten los suministros si los Servicios Sociales acreditan su vulnerabilidad. A pesar de ello y tras dos años, el Gobierno catalán aún no ha logrado articular el Fondo Solidario con el que pagará las facturas de esas familias morosas y tras dos años no ha logrado convencer a las empresas suministradoras para que aporten dinero a esta bolsa común. Tampoco se sabe cuántos pobres energéticos hay en Cataluña y el peso de atender a esta población recae en las entidades y los Ayuntamientos.

Todavía no se sabe cuántos pobres energéticos existen en Cataluña

En estos dos años se han hecho los trabajos preliminares para crear una prestación que cumpla con el derecho a la alimentación. Desde el departamento de Bienestar insisten en que aún está pendiente del decreto que la regule para ponerla en funcionamiento. Se han destinado 10,14 millones de euros en aportaciones extraordinarias para ayudas de emergencia social a las entidades locales. No se sabe a cuántas personas ha beneficiado.

Pobreza en la infancia y en la adolescencia. Las denuncias del Síndic sobre malnutrición infantil levantaron las alarmas y pusieron el foco de atención en este colectivo. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Familia (FAPAC) reconocen el trabajo del departamento de Enseñanza en cambiar y homogeneizar los baremos de las becas comedor. Para este curso se han destinado más de 50 millones de euros pero desde la Federación creen que es necesario llegar a todos los menores que vienen de familias bajo el umbral de la pobreza, unos 300.000. Este curso se puso en marcha un programa piloto de becas comedor para alumnos de bachillerato.

Unos 113.000 hogares catalanes no tienen ingresos y el riesgo de pobreza es del 20%

Bienestar ha sostenido programas especiales para garantizar la alimentación en verano, como los centros abiertos. Entidades que desarrollan actividades de ocio recibieron 4,6 millones de euros de apoyo, la mitad para menores vulnerables. Desde Fundesplai o Pere Tarrés reconocen el esfuerzo pero explican que también han tenido que hacer esfuerzos propios.

Vivienda. Las entidades reconocen una evolución en cómo se aborda el tema de la vivienda social. Algo que desborda la voluntad política. “Se trata de un cambio que se ha logrado por la presión de la calle”, apunta Busquets. El punto de inflexión ha sido la aprobación de la ILP promovida, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En los dos últimos años la Generalitat le ha entregado 255 pisos a las entidades para que los gestionen y espera llegar a 500 en 18 meses. También ha logrado la cesión de 1.830 pisos de bancos. 

La PAH insiste en la necesidad de culminar el desarrollo legislativo para solucionar la emergencia y en presionar más a los bancos. El presidente de Caritas también cree que ya no hay un desfase tan grande entre las posibilidades de alojamiento que se ofrecen en las mesas de emergencia social.

Redistribución de la riqueza. “En política fiscal no se ha hecho nada”, sintetiza Xavier Casanovas, portavoz de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Si bien reconoce que el Gobierno central tumbó iniciativas como las tasas a los depósitos bancarios, Casanovas critica que no se utilizara el campo de maniobra posible en otros aspectos como el impuesto de sucesiones o el de patrimonio. El balance de la Generalitat del pasado pleno asegura que es un momento “poco oportuno” para medidas fiscales progresivas.

Desde la Mesa del Tercer Sector creen que la Generalitat tiene margen para incluir más cláusulas sociales en su política de contratación, como se acordó en el pleno de hace dos años. Ahora están solo en el 25,8% de las adjudicaciones.

Empleo y rentas.La credibilidad de Convergència respecto a su disposición a modificar la renta mínima de inserción (RMI) o de crear una renta garantizada está muy minada por la forma como gestionó el cambio de la RMI en 2011 y por prometer una reforma que nunca llegó. Crespo y Busquets reconocen que ha habido una mejora en la gestión de la prestación, la lista de espera es testimonial gracias a la inyección presupuestaria. Sin embargo los 29.000 expedientes actuales están casi 3.000 por debajo de la época del tripartito.

Busquets también cree que el colapso del Servicio de Ocupación de Cataluña hace imposible hacer políticas especiales para los colectivos más difíciles de reinsertar en el mercado laboral, como los mayores de 55 años o personas con discapacidad.