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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La teoría del privilegio

Parecería que los afortunados que todavía conservan un contrato indefinido o cobran una pensión alta fueran los culpables de la precariedad de los demás

Milagros Pérez Oliva

Cómo han tenido que cambiar las cosas para que las mismas condiciones salariales o laborales que hace menos de diez años nos parecían normales, ahora sean presentadas como un privilegio inaceptable. Para que lo que entonces era considerado un motivo de agravio, por ejemplo ser mileurista, ahora sea percibido como una posición sumamente afortunada en relación a los muchos jóvenes que no tienen trabajo o lo tienen precario. El rápido tránsito de una percepción a otra es un indicador del verdadero efecto de la crisis, que ha dejado maltrechas y en situación de asedio ideológico conquistas sociales muy básicas.

A estas alturas es evidente que la crisis económica ha servido como coartada para imponer una serie de reformas económicas y legislativas, lesivas para las clases medias y populares, que estaban en la agenda política neoliberal mucho antes de la crisis. Ahora asistimos a una nueva ofensiva para justificar su mantenimiento más allá del periodo de recesión, como una necesidad estructural imprescindible para la recuperación económica. Si a alguien se le ocurre decir que, pasadas las penurias de la crisis, ya no se justifican los sacrificios, se le acusa de poner en riesgo el crecimiento. Culpables antes de la crisis por haber vivido por encima de las posibilidades, y culpables ahora por querer recuperar los derechos perdidos.

Una operación como esta requiere hábiles filigranas ideológicas que hagan aparecer como normales e incluso deseables para el interés general propuestas que en absoluto lo son. Una de ellas es lo que podríamos definir como la teoría del privilegio. Consiste en presentar la situación de los que todavía se benefician de las condiciones previas a las reformas como una posición de privilegio. El siguiente paso es presentar ese supuesto privilegio como una injusticia, y el deseo de conservarlo como una actitud ilegítima, egoísta y lesiva para el interés general.

No es la primera vez que se utiliza este tipo de recurso para construir lo que el sociolingüista George Lakoff define como marco conceptual (frame) para encauzar el debate público. Quien logra determinar el marco de la discusión, tiene la batalla ganada. En Gran Bretaña, coincidiendo con la campaña que llevó a los conservadores de David Cameron de vuelta a poder, se produjo un intenso debate sobre lo muy generosos que eran los subsidios del sistema de ayudas sociales y la necesidad de revisarlos. Los conservadores no solo descalificaban el sistema, sino que criminalizaban a quienes se “aprovechaban” de sus “generosas prestaciones”. “No puede ser que salga más a cuenta pedir un subsidio que trabajar”, clamaban. En su enfoque, cobrar tan generosos subsidios constituía un injusto privilegio, frente a quienes se tenían que levantar a las seis de la mañana para ir a trabajar. El frame funcionó, pero la cuestión no era esa. La cuestión era lo mucho que se habían deteriorado el empleo y los salarios, hasta el punto en muchos casos de quedar por debajo unos subsidios considerados hasta entonces como mínimos vitales.

Parecidos argumentos estamos observando aquí en relación a la dualidad de los contratos. Parecería que los afortunados que todavía conservan un contrato indefinido fueran los culpables de que la mayor parte de quienes acceden a un trabajo solo logren empalmar contratos precarios y temporales. Y ya se empiezan a recurrir a la teoría del privilegio en relación a las pensiones, en concreto para proponer un recorte de las más altas. Habiendo salarios de 800 euros al mes, se dice, no es justo que unos cuantos afortunados cobren los 2.000 euros a que asciende en España la pensión máxima.

El siguiente paso será decir que, siendo insostenible el sistema de pensiones, lo justo es recortar más las más altas. Se presentará a quienes cobran la pensión máxima como privilegiados cuya suerte supone un agravio para el resto de pensionistas, ignorando que si cobran la pensión máxima es porque durante muchos años han aportado también la cotización máxima, con lo que han contribuido en mayor medida al sostenimiento del sistema. En realidad esa pensión es un derecho, pero será presentado como un privilegio para justificar el recorte.

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La cuestión, como en el caso de los subsidios británicos, no es que la pensión máxima sea excesiva, que no lo es. La cuestión es que las políticas que se aplican son incapaces de crear empleo de calidad y lograr que la cuantía de la cotización media aumente en lugar de disminuir. Eso es lo que realmente garantizaría la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo y de eso es de lo que debemos discutir.

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