El Constitucional desbloquea el decreto de sanidad universal
Ninguno de los perjuicios alegados por el Abogado del Estado fundamenta la suspensión
El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Consell en julio de 2015 que restablecía la atención sanitaria universal en la Comunidad Valenciana y devolvía de facto a los inmigrantes sin papeles, entre otros, el derecho a la asistencia. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mònica Oltra, ha iniciado con este anuncio la comparecencia pública de los viernes tras el pleno del Consell.
El cambio de Gobierno en algunas autonomías tras las elecciones de mayo del año pasado provocó que varias comunidades autónomas españolas, entre ellas la valenciana, devolviesen la atención sanitaria al conjunto de la población. El Ejecutivo español dejó fuera de la asistencia sanitaria a unas 870.000 personas, sobre todo inmigrantes en situación irregular con el Real Decreto-Ley 16/2012. La Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Cantabria modificaron su legislación para incluir en sus sistemas de salud a los que se quedaron al margen del sistema de salud en 012.
El Constitucional rechaza en el fallo el argumento de la Abogacía del Estado de que el decreto de universalización de la sanidad puede afectar al aumento del gasto sanitario, al sostenimiento del sistema nacional de salud, y al déficit público. "La Abogacía se limita a alegar la posibilidad de que tal situación se produzca, pero no lo fundamenta", recoge el fallo.
Según el Alto tribunal, "la invocación genérica de la situación de crisis económica no basta para fundamentar esta conclusión". Ninguno de los perjuicios alegados por el Abogado del Estado puede fundamentar el mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada, recoge la resolución judicial.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que hasta que haya una sentencia definitiva la Generalitat podrá "garantizar legalmente a todos los ciudadanos que vivan en la Comunidad Valenciana el derecho a la salud, tengan el color de piel que tengan o vengan de donde vengan".
La comunidad autónoma solicitó al alto tribunal que levantara la suspensión del decreto ley autonómico que regula el acceso universal a la atención sanitaria, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, y que fue impugnado por el Gobierno español al entender que suponía una extralimitación de competencias.
El Gobierno valenciano también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional el 14 de diciembre para pedir la confirmación "en todos sus extremos" del decreto ley autonómico aprobado el pasado mes de julio por considerar que no tiene "ningún vicio de inconstitucionalidad".
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