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Tres exagentes apuntan a Aguirre y a González en el ‘caso de los espías’

Declaran José Manuel Pinto, Antonio Coronado y José Oreja, acusados del espionaje político que EL PAÍS destapó en 2009

Jose Manuel Pinto Serrano, Técnico de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la comunidad.

Tres de los acusados por el espionaje a políticos regionales, que ayer declararon en la Asamblea, acusaron a los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González de estar detrás de la trama. También apuntaron al exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, actualmente en prisión por el caso Púnica. En sus declaraciones, en ocasiones muy confusas y en la que algunos espiados eran, a su vez, los jefes de los espías, vincularon el caso con el del ático de González, el robo de un ordenador en la Ciudad de la Justicia, las pugnas en el PP y las tramas Púnica y Gürtel. La oposición tildó todo de “estructura mafiosa de Mortadelo y Filemón”.

La Dirección General de Seguridad (DGS) de la Comunidad de Madrid, de la que parte toda la supuesta trama, se creó en 2006. Alfredo Prada, entonces consejero de Presidencia, puso al frente de ella al inspector de policía nacional Sergio Gamón. “Fue ideada a su medida”, denunció ayer el ex guardia civil Antonio Coronado, que fue asesor de Gamón. Acudió a la Asamblea junto al también exagente José Oreja (guardia civil) y el técnico de seguridad José Manuel Pinto. Los tres, junto a varias personas más, están acusados de espionaje político en la región, el conocido como caso de los espías, que EL PAÍS destapó en 2009 y que ha sido tres veces archivado por diferentes jueces y reabierto por la Audiencia Provincial otras tantas.

Guerra intestina entre los populares

  • El origen de la Dirección General de Seguridad data de 2006, cuando Alfredo Prada era vicepresidente segundo y consejero de Interior. Al frente del organismo fue colocado Sergio Gamón, afín a González y Aguirre.
  • En 2007 se incorporan a la DGS los tres asesores de la Guardia Civil, dos de ellos acusados en el caso de los espías. Poco después, también como asesores, se unen tres policías.
  • Prada sale del Gobierno regional en 2008, supuestamente por su afinidad con Rajoy. En ese momento, Aguirre peleaba por el control del PP nacional.
  • Granados sustituye a Prada. Conoce la fidelidad de Gamón a González, con quien tiene una guerra particular, y comienza a recabar información sobre este. En 2011 sale del Gobierno. Un año después, González es investido presidente regional.

Coronado afirmó que los espionajes vienen de lejos, pero se institucionalizaron con la creación de la DGS. “Ya se estaba espiando [antes] y todo lo organizaba gente que daba cuentas a Esperanza Aguirre [presidenta regional]”, añadió. Los comparecientes afirmaron que Gamón conoció a Aguirre a través de su mujer, Yolanda Laviana, que fue secretaria de la expresidenta del PP. Gamón, luego, se convirtió en su escolta.

José Manuel Pinto también apuntó a la dirección del PP: “Los que han dicho que esto era mentira, como Granados, González o Lucía Figar [todos del PP], están imputados [en otros casos]”. Por su parte, el ex guardia civil José Oreja se enzarzó en su declaración con los diputados del PP que defendían la honorabilidad del partido. Pero Oreja no se amedrentó: “Mientras esto pasaba, nadie investigaba ni investiga a Método 3 y yo he pasado un calvario”. Método 3 es la agencia de detectives que, según las explicaciones de los tres comparecientes, utilizó Granados para espiar a González. Lo hizo, supuestamente, a través del imputado por la Púnica David Marjaliza, constructor amigo de Granados. Los exagentes aseguraron que González, a su vez, contrató a la misma agencia para espiar a otros políticos. Oreja sostuvo que la dirección del PP lo sabía todo y que, incluso, espiaba a González y a Granados: “Álvaro Lapuerta [extesorero del PP] tenía informes contra ambos. Cuando todo salió a la luz, nos dieron la patada”.

Coronado y Oreja entraron en la Dirección General de Seguridad en 2007. Al poco, se incorporaron otros tres consultores provenientes de la Policía Nacional. Todos estaban a cargo de Gamón, dependiente jerárquicamente de Granados, pero afín a González. “Cuando el director nos pidió que espiáramos a Granados y a otros dirigentes, nos negamos. Ahí empezaron nuestros problemas. Nos dirigimos directamente al consejero [Granados]”, dijo Oreja. Pero este no hizo, hipotéticamente, nada y los acusados tampoco acudieron a instancias superiores.

Cuando Gamón fue destituido, al ser supuesto responsable del robo de un ordenador en el Campus de la Justicia [donde presuntamente había información sensible], Enrique Bárón lo sustituyó. Barón está conectado, a su vez, con los comisarios Villarejo y García Castaños, con los que el expresidente González se reunió cuando estos le llamaron para hablar sobre el caso ático.

“Más que la mafia, esto parece de Mortadelo y Filemón”, dijo Encarnación Moya, representante de los socialistas en la comisión. Los tres acusados insistieron en que los partes de seguimiento de los políticos con su letra, clave en la acusación, son falsos. Afirmaron que los partes fueron manipulados por Miguel Castaño, segundo de Gamón. Castaño fue, además, jefe de seguridad en el Canal de Isabel II. “Parece que el Canal ha sido clave en la corrupción de la Comunidad”, concluyó Miguel Ongil, el vocal de Podemos.

Malversación de caudales

Desde la bancada popular se criticó ayer que se volviera a abrir el tema en la Asamblea. El caso de los espías ha sido archivado tres veces en los juzgados —a los acusados no se les juzga por espionaje, sino por una supuesta malversación al utilizar dinero público para otros menesteres—. Sin embargo, en otras tantas ocasiones ha sido reabierto por la Audiencia Provincial. Actualmente, hay seis acusados, tres de ellos los que ayer declararon en el Parlamento regional.
El tema también se trató en la Cámara en la anterior legislatura. Pero los tres acusados no pudieron hablar; el PP, con mayoría absoluta en ese momento, cerró la comisión vetando a gran parte de los testigos citados por la oposición y concluyendo que no había responsabilidades políticas en el caso.

“El PP puso las instituciones a su servicio”

“Queda bastante claro que la Dirección General de Seguridad se creó para espiar y que el PP usó las instituciones para su utilidad con el dinero de los madrileños”, dijo César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Corrupción de la Asamblea. Por su parte, el PSOE “no se asombra de nada”: “Creemos que hay una responsabilidad política de la señora Aguirre y ella todavía tiene un cargo público”, resumió la socialista Encarnación Moya. Y añadió: “Deberíamos recordar que cargos como Cifuentes [que, según los declarantes, también fue espiada] defendió la honorabilidad de Granados en esta Cámara”.

Desde Podemos se habló de “mafia” y se comparó la trama con el guion de El padrino. El PP mantuvo la teoría persecutoria a sus exlíderes y que la Asamblea no era el lugar idóneo para exponer estos hechos: “El tema está agotado”.

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