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Investigados dos alcaldes y 10 concejales del PP por prevaricación urbanística

Un juez ve ilegalidades en 16 licencias que concedió el equipo de Gobierno de Colmenar Viejo

Los dos últimos gobiernos municipales del PP en Colmenar Viejo (Madrid) han cometido supuestamente un delito continuado de prevaricación por conceder licencias urbanísticas en contra de los informes de los técnicos del Ayuntamiento. La juez instructora ha decidido transformar las diligencias contra estos representantes públicos en un procedimiento abreviado (una suerte de procesamiento en los casos de delitos que llevan aparejados hasta cinco años de prisión) al entender que cometieron un delito de prevaricación urbanística continuada.

La juez inculpa en estas diligencias al actual alcalde, Miguel Ángel Santamaría; al anterior, José María de Federico, y a 10 concejales que han formado parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en las últimas dos legislaturas. Las diligencias son frutos de cuatro querellas que interpuso la Fiscalía de Ambiente de Madrid en diferentes juzgados de Colmenar Viejo (localidad de 50.000 habitantes situada al norte de Madrid).

De Federico no solo fue alcalde de Colmenar. Compaginó ese puesto con el de diputado de la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura. Fue en el número 25 en la lista electoral de Esperanza Aguirre. Santamaría, por su parte, es actualmente vocal del consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Fue nombrado el año pasado por el Gobierno de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

En una resolución a la que tuvo acceso EL PAÍS, el juzgado ha descubierto hasta 16 decisiones urbanísticas ilegales por conceder licencias de primera ocupación de viviendas nuevas, y en las que la corporación municipal actuó en contra de los informes de los técnicos y del asesor jurídico de la secretaría general del Ayuntamiento.

Esta lista de licencias presuntamente irregulares procede de cuatro querellas criminales distintas impulsadas desde la Fiscalía de Medio Ambiente y que han acabado acumuladas en el Juzgado de Instrucción 3 de Colmenar. Tras investigar los hechos, la juez ha transformado las diligencias en un procedimiento abreviado, lo que significa que ve suficientes indicios de delito de prevaricación, por lo que ha pedido a las partes que informen sobre si debe abrirse juicio oral o se archiva la causa.

Contra la opinión de los técnicos

En la mayoría de los casos investigados, todos los informes técnicos desaconsejaban dar las licencias porque contravienen las ordenanzas municipales. Pese a ello, el Ayuntamiento daba prioridad a las peticiones de estas licencias y las autorizaba en las sesiones de la junta de gobierno municipal. En uno de ellos incluso se concedió la licencia pese a que el Ayuntamiento había multado a la responsable de las obras por una infracción urbanística grave.

Manuela H. es uno de los vecinos beneficiados por estas irregularidades. Obtuvo una licencia de obras para demoler y construir un edificio de seis viviendas y garaje en la calle Frailes, 24, de esta localidad. El 7 de agosto de 2007 solicitó la licencia de primera ocupación, pero el técnico municipal determinó en febrero de 2008 que la edificación construida inclumplía la altura máxima permitida en el casco antiguo. El 10 de abril de 2008, otro técnico informó desfavorablemente la concesión de la licencia.

La obra había sufrido más vaivenes. Técnicos municipales de la Alcaldía ordenaron la paralización de las obras mediante un decreto de 6 de abril de 2006 debido a las infracciones urbanísticas en las que estaba incurriendo la obra. No consta, señala el auto del juez, que esa paralización fuese posteriormente levantada. Los técnicos también consideraron que la obra suponía una infracción urbanística grave y le impusieron a su responsable una multa de 27.090 euros. La abonó, según el expediente, el 7 de abril de 2008. Tres días después el informe jurídico desaconsejó darle la licencia. Una semana más tarde, los querellados declararon la urgencia del asunto, la incluyeron en el orden del día de la junta de Gobierno, y la aprobaron. En otros 15 casos a lo largo de los años se produjeron circunstancias similares.

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