La oposición a la prórroga de Ence llegará a la Audiencia Nacional

La Asociación pola defensa da ría de Pontevedra (APDR) anunció este miércoles que tiene preparada toda la artillería procesal para interponer un contencioso ante la Audiencia Nacional contra la concesión de la prórroga extraordinaria de 60 años a Ence acordada en Enero por el gobierno de Mariano Rajoy.

El recurso será presentado este mes, antes de agotar el plazo legal, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra la resolución firmada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y por delegación de la propia ministra de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

El colectivo ecologista ha subrayado que la concesión a la empresa Ence supone hipotecar el futuro de la ría para las futuras generaciones y anula las posibilidades de recuperar los graves daños que incidirán en el medio ambiente durante más de medio siglo de impacto de la pastera.

Paralelamente, Defensa da ría también interpondrá un recurso de alzada contra la resolución de Medio Ambiente por la que se le ha denegado la posibilidad de ser parte interesada en un procedimiento administrativo contra la prórroga concedida por este ministerio en el que también interviene el Ayuntamiento de Pontevedra. Una medida que califican de “arbitraria y sin justificación”.

En rueda de prensa celebrada este jueves el presidente del colectivo, Antón Masa, y el abogado, Vicente García Legísima, explicaron que la resolución del Gobierno central "carece de motivación suficiente" y "limita los derechos subjetivos e intereses legítimos" de esta asociación, informa Europa Press.

Defensa da Ría pide que se declare la "nulidad de la resolución" y, de esta manera, de todas las actuaciones en el procedimiento de prórroga de la concesión que otorgó el gobierno del PP en funciones a la pastera para que siga funcionando en Lourizán.

Antón Masa ha considerado que el recurso de alzada debería ser admitido para enmendar el "grave error", declarando la nulidad de todo lo actuado, y reconocerle a la APDR la condición de parte en el procedimiento, concediéndole el trámite de audiencia.

El letrado de Pontevedra García Legísima ha advertido la dificultad de que el recurso de los ecologistas prospere y entiende que el Gobierno "no actuó con arreglo a derecho, sino utilizándolo en beneficio de unos intereses privados" en este proceso.