Cifuentes reclama un impuesto a todos los alquilados

La Comunidad ha empezado a hacer caja. Los inquilinos con un contrato de alquiler de vivienda firmado en los últimos cuatro años tienen que hacer frente ahora al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En el caso de que la renta sea de 600 euros mensuales, tienen que abonar una cuota tributaria de casi 29 euros por cada año de duración del contrato. En la actualidad, lo más habitual es que dure tres, lo que implica un coste de 86,40 euros en un único pago. Hacienda está enviando miles de cartas reclamando el importe.

Desde comienzos de 2015, la Consejería de Hacienda, dentro de su plan de lucha contra el fraude, está reclamando de forma masiva el pago de este impuesto a inquilinos que nunca antes habían oído hablar de semejante carga. Aunque no es la única. Cataluña, Asturias, Andalucía y Galicia también han incluido la reclamación del ITP en sus planes de control tributario.

Las debilitadas arcas autonómicas no están en condiciones de perdonar durante más tiempo este impuesto con más de dos décadas de vigencia. Hasta ahora el Gobierno madrileño, durante el mandato de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González, apenas ingresó 600.000 euros anuales. Ahora, el Gobierno de Cristina Cifuentes espera recaudar mucho más, aunque no da cifras. Cataluña, que se encuentra inmersa en el mismo proceso, recaudó en 2015 casi 6,4 millones, frente a los 482.000 euros de 2013.

Para el envío de los requerimientos se están cruzando datos del registro de contratos de alquiler, avales del Instituto de la Vivienda (Ivima) y beneficiarios de la desgravación autonómica. En el caso de los alquileres bajo cuerda es prácticamente imposible exigir el pago del tributo, puesto que a efectos fiscales no existen. Como en todos los impuestos, el plazo sujeto a revisión es de cuatro años, por lo que puede darse la paradoja de que “la Administración esté reclamando ahora el impuesto correspondiente a un piso en el que ya no se vive porque se dejó hace dos años”, advierte Pelayo de Salvador Morell, abogado del bufete deSalvador Real Estate Lawyer.

Desde 1993

Aunque desconocido para la inmensa mayoría de madrileños, el ITP de los alquileres no es nuevo; de hecho, existe desde 1993, cuando se reguló en la ley estatal del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que considera el alquiler como una adquisición onerosa, igual que la compra. E, incluso, ya se preveía en la ley de 1980, pagándose normalmente mediante efectos timbrados que se compraban en los estancos (la mayoría de contratos de renta antigua están firmados en papel timbrado, lo que suponía la liquidación del impuesto).

Hasta ahora, “su escasa cuantía hacía que no fuera interesante para la Administración destinar medios a encontrar bolsas de fraude por este impuesto, pero en la actualidad la actividad inspectora es mucho más sencilla, puesto que con un simple cruce de datos es fácil encontrar a los deudores”, dice el abogado De Salvador. Recuerda que “se trata de un hecho imponible que tiene una larga tradición, por lo que sorprenderse ahora es como sorprenderse porque a alguien le impongan una sanción tributaria por no hacer la declaración de la renta”.

Los importes ingresados por el Gobierno regional por alquileres en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 han sido de 667.712, 668.453 y 601.524 euros respectivamente. “Esta disminución puede deberse a que la gente utiliza menos el papel timbrado para realizar los contratos de alquiler y desconoce la existencia de este impuesto”, señalan en la Consejería de Hacienda, que insiste en que “tiene la obligación de recaudarlo”.