La promotora de la Operación Chamartín da un ultimátum a Carmena

Distrito Castellana Norte critica, en un expediente, la falta de legalidad de la mesa de debate constituida por el Ayuntamiento

Fragmento del vídeo promocional de la Operación Chamartín. Distrito Castellana Norte

Distrito Castellana Norte (DCN, empresa controlada por el BBVA que proyecta la Operación Chamartín) ha emplazado al Ayuntamiento de Madrid, en un expediente presentado la pasada semana, para que “ordene la continuación del procedimiento de revisión del plan parcial hasta la aprobación definitiva”. DCN entiende que ha cumplido los trámites y que se han superado los plazos. Mientras el Ayuntamiento ha establecido una mesa de debate asamblearia para “evaluar y reconsiderar” el proyecto, la promotora presiona por vía administrativa y ha puesto fecha de caducidad al plan el 31 de diciembre de este año.

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Principales proyectos de la Operación Chamartín 

La Operación Chamartín, que arrastra la friolera de 23 años a sus espaldas, entra en una fase trascendental. DCN (empresa en la que el BBVA tiene el 75,5% y la constructora San José el 24,5%) presentó la tramitación para la revisión del plan parcial para la prolongación de la Castellana el 23 de enero de 2015. El acto fue bendecido por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la ministra de Fomento, Ana Pastor; y el presidente del BBVA, Francisco González, como promotor de la obra. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento admitió a trámite y aprobó la revisión el 19 de febrero y acordó someter el expediente a información pública para las alegaciones durante un plazo de 45 días.

Se presentaron 2.247 alegaciones y se emitieron 48 informes por diversos organismos, entidades e instituciones de las Administraciones estatal, autonómica y local, así como la Evaluación Ambiental Estratégica. De ellos “no resultó circunstancia alguna que representara ningún impedimento para la aprobación definitiva”, según la empresa. No obstante, DCN, por requerimiento del Ayuntamiento del 24 de abril, procedió a realizar las modificaciones y mejoras comprometidas con los servicios técnicos y jurídicos. El expediente continuó sus trámites a la espera de la aprobación definitiva, circunstancia que se esperaba para antes de las elecciones municipales del 24 de mayo. Sin embargo, la anterior regidora prefirió dejar la decisión para sus sucesores.

El plan recibió 2.247 alegaciones y 48 informes de diversos organismos

Una auténtica patata caliente para el equipo de Manuela Carmena, que empezó a quemarle las manos sin pasar mucho tiempo. El plazo de seis meses establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para la aprobación definitiva cumplió el 19 de agosto, sin que hubiera respuesta. Sin embargo, DCN entendió que había que dar tiempo a los nuevos regidores para que se familiarizaran con el asunto. Además, había que tener en cuenta que esperaban unas elecciones generales para final de año que podrían suponer cambios en el Gobierno y, por tanto, en el Ministerio de Fomento, implicado en la operación por ser titular, a través de Adif y Renfe, de parte de los terrenos.

El Ayuntamiento decidió establecer una Mesa de Debate Público APR 08.03 Prolongación de la Castellana “que analice, evalúe y reconsidere la Operación Castellana Norte” y que “cuente, además, con todos los agentes de la sociedad madrileña implicados en la misma, con el fin de precisar las condiciones que debe cumplir este proyecto en el nuevo modelo de ciudad”. Hasta la fecha ha celebrado dos, una el 23 de noviembre y otra el 15 de diciembre, dirigidas por el concejal del ramo, José Manuel Calvo.

Entre esos agentes acudió la empresa que preside Antonio Béjar, que informó del cumplimiento de los trámites, de los plazos y subrayó que tres de cada cuatro ciudadanos encuestados consideran que el proyecto beneficia a la ciudad, así como que la empresa estaba dispuesta a realizar modificaciones “siempre que fuesen adecuadas y compatibles con la modificación del Plan de Ordenación Urbana de Madrid de 2002 y del documento de revisión del plan parcial en tramitación”.

Pero, ante la falta de decisión, DCN, en un expediente presentado en el registro de Urbanismo y Vivienda el pasado 24 de febrero, ha requerido al Ayuntamiento que “ordene la continuación del procedimiento de revisión del plan parcial hasta la aprobación definitiva”. Según DCN, procede este requerimiento “a fin de evitar los importantes perjuicios que por el retraso tan considerable se le vienen originando”. La promotora necesita conocer si hay cambios en el plan para saber si le salen las cuentas.

En un escrito paralelo, informa de que no asistirá a más sesiones de la Mesa de Debate que pudieran convocarse “hasta que se dé cumplida respuesta a la solicitud de aclaraciones” que la empresa había solicitado en otro escrito de 20 de noviembre. En este expediente, DCN manifiesta “la falta de competencia” de dicha Mesa de Debate “en el procedimiento de aprobación de los planes de ordenación establecido por la ley”. La empresa se queja de que corresponde al pleno y no a una asamblea la competencia de resolver “irrenunciablemente sobre la propuesta de planeamiento, sin posibilidad de delegar esa potestad legal”.

El Ayuntamiento quiere reformular la operación para adaptarse a lo que la ciudad necesita 

Mientras fuentes cercanas al grupo sostienen que no fueron invitadas asociaciones y vecinos que apoyan el plan, las fuentes del Consistorio consultadas aseguran que son asambleas abiertas y que habían sido anunciadas con tiempo en la página web.

Precisamente, en el expediente del 20 de noviembre, tres días antes de la primera Mesa de Debate, pedía aclaraciones sobre las posibles interferencias legales. En ese escrito, DCN realizó 11 preguntas en las que incide en si la Mesa asume competencias que pudieran corresponder a los servicios técnicos y jurídicos municipales y si sus conclusiones serían asumidas por el Ayuntamiento, entre otras puntualizaciones. La empresa presentó otro escrito el 15 de diciembre, fecha de la siguiente Mesa, en el que subrayaba que sus quejas no se habían recogido fielmente y que sus preguntas no habían sido contestadas.

Por su parte, las fuentes consultadas del Ayuntamiento han precisado que el equipo municipal no está en contra de que la operación se lleve a cabo “porque la ciudad necesita crecer por ese eje” y que su intención es que antes de junio pueda dar respuesta. No obstante, hacen hincapié en que se trata de reformular la operación y recoger todas las opiniones. En ese sentido, manifiestan que el Ayuntamiento quiere “eliminar la política de cambiar cromos vendiendo edificabilidad, es decir, no regalar un cheque en blanco al promotor para que haga lo que sea”. “Se trata de diseñar la ciudad que sea necesaria”, insisten las fuentes, que reconocen que seguramente las 25 torres que se plantean se verán reducidas y que, probablemente, en lugar de tres estaciones de metro habrá dos. Entre otras posibles modificaciones.

Viviendas y rascacielos sobre las vías del tren

M. Á. N.

El proyecto prevé alargar el paseo de la Castellana 3,7 kilómetros hacia el norte y cubrir un área de 311 hectáreas con zonas verdes (una extensión que ocupa la mitad de El Retiro), equipamientos públicos, 17.699 nuevas viviendas y un área financiera con rascacielos. Además, prevé la prolongación del Metro (tres estaciones), por un importe de 140 millones; la remodelación de los tubos del Canal de Isabel II (80 millones de inversión) y la instalación de la losa que se pondrá sobre las vías, en la que la inversión prevista es de 252 millones. Esta inversión correría a cargo de los promotores.

La inversión total se eleva a 5.974 millones y los ingresos fiscales estimados a 3.664 millones. Para el ayuntamiento, en concreto, se cifran en 1.057, a los que hay que añadir unos 600 de plusvalías por los 600.000 metros cuadrados (la mitad proveniente de las cesiones que, por ley, deben hacerse al ayuntamiento en todas las obras). La empresa tiene que pagar 1.200 millones a Adif por el 62% de los terrenos que compraría más 100.000 metros cuadrados en pago en especie. Además de los ingresos generaría un empleo que se calcula para 120.000 personas en los 15 años de obras que están previstos. Es decir, se terminaría en 2030 o 2031 si se cumplen las exigencias.