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Los directores de las oficinas de empleo se rebelan por la saturación

Ocho responsables denuncian "graves problemas" de estructura y plantilla

Lluís Pellicer
Una oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña.
Una oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña.joan sánchez

Los directores de las oficinas de trabajo de la Generalitat han remitido un informe a los grupos parlamentarios para denunciar los "graves problemas" de estructura y plantillas que arrastran los servicios de empleo. Constituidos en asamblea, los responsables se quejan del colapso de estas administraciones, puesto que en algunas cada trabajador ha de atender incluso a más de 1.000 demandantes de empleo. Los directores lamentan que sus demandas no se atendieran por el anterior Gobierno de CiU y advierten de que con unos servicios de empleo tan "precarios" no se puede garantizar la "igualdad de oportunidades" para los ciudadanos con independencia de donde residan ni prestar "servicios profesionales de calidad" a los usuarios.

El informe viene acompañado por una carta que han recibido los grupos parlamentarios. Está firmada por ocho de directores de oficina que integran la comisión que constituyeron el año pasado. Según afirman en ella, decidieron guardar silencio "a la espera de la formación de un nuevo gobierno", pero este los instó a dirigirse al Parlament. Los directores denuncian que el decreto de reestructuración del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) de 2015 "volvía a olvidarse" de las oficinas y consideran que las soluciones son "insuficientes". "Con la perspectiva que da el paso del tiempo, parecen parches que no solucionan los graves problemas estructurales. No nos querríamos equivocar, pero parece que podemos volver a pasar veranos con oficinas que funcionen con tres empleados", denuncian los responsables de empleo.

El informe apunta que a causa de la crisis y por la falta de "medidas adecuadas", las oficinas de hallan en un "punto crítico", que entre otras cosas ha provocado el "deterioro de los servicios", su imagen pública o "la sensación de inutilidad" entre los ciudadanos. Y como prueba, recuerdan que solo el 62,6% de los demandantes de empleo se han dirigido a una de estas administraciones. Una de las claves de ese declive se halla en la insuficiencia de personal. Los directores apuntan que la plantilla del SOC se ha ido reduciendo durante los años de crisis –en los que ha habido más paro—, de modo que ha pasado de 1.467 personas en 2009 a 1.443 en 2015. A pesar de que hay 24 oficinas en una situación especialmente compleja, en el resto de las 69 administraciones las "proporciones tampoco son razonables".

Según el informe, en tres oficinas (Sabadell, El Vendrell y Premià) hay más de 1.100 demandantes de empleo por trabajador; en otra (La Bisbal), más de 1.000, y en otras 20, más de 800. Las proporciones son especialmente elevadas si se tiene en cuenta la ratio de solicitantes de empleo por trabajador que se manejan en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Dinamarca, Reino Unido o Austria están por debajo de 50 por empleado; en Eslovenia o Polonia, por debajo de 100; en Portugal hay 2014 y en Grecia, 285. "Es muy complicado ver cómo se va a revertir esta situación. Es cierto que el Gobierno central ha reducido sus aportaciones a la mitad, pero la Generalitat no ha usado sus recursos propios para solventar esa situación", denuncia el diputado socialista Pol Gibert, que recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda un trabajador por cada 85 demandantes de empleo.

Los directores de las oficinas se quejan de la situación puede agravarse este año, puesto que está a punto de vencer los contratos de 259 orientadores profesionales sin que se haya aclarado qué va a ocurrir con ellos. Los responsables concluyen que ni las políticas ni los presupuestos destinados a la atención a los parados han sido "acertados" y reclaman mejorar la estructura del SOC e incrementar su plantilla.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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