Competencia multa con 950.000 euros a cuatro adjudicatarias del CatSalut

El tribunal considera que las sociedades pactaron “repartirse el mercado” para “expulsar a la competencia”

El director del CatSalut, Josep Maria Padrosa.

El Tribunal Catalán de la Competencia ha multado con 950.000 euros a cuatro empresas de rehabilitación que en el concurso público convocado por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) en 2012 se asociaron ilegalmente para “repartirse el mercado” y “expulsar a la competencia”. Según el tribunal, esto constituye “una falta muy grave” que ha encarecido la factura pagada por el CatSalut, ya que los lotes investigados se adjudicaron “con un descuento sobre el precio base inferior al resto” de lotes. De las cuatro compañías, es Fisioterapia (filial de Corporación Fisiogestión) la que recibe una sanción mayor, 600.000 euros. Se da la circunstancia de que el director del CatSalut en 2012 era Josep Maria Padrosa, quien accedió al cargo proveniente de este grupo empresarial.

El concurso público de rehabilitación y logopedia, ambulatoria y a domicilio, fue, tras el de ambulancias, la segunda mayor adjudicación del Departamento de Salud bajo el mandato del consejero Boi Ruiz. El coste ascendió a 203,6 millones de euros en 10 años, de los que 34,7 millones (un 17%) corresponde a los lotes investigados.

Competencia considera que las cuatro empresas multadas —Fisioterapia, Iriteb, L'Eivax y Centro de Accidentes Laborales y Rehabilitación Gramenet (Carlg)— incurrieron en una “práctica ilegal”, ya que tenían “el tamaño y solvencia suficientes” para haberse presentado en solitario o en agrupaciones de empresas más pequeñas. Hacerlo las cuatro juntas en una unión temporal de empresas (UTE) no fue “un comportamiento natural del mercado”, sino una decisión “para repartirse el mercado e impedir la entrada de competidores”.

El ex director del CatSalut, el origen de la investigación

El origen de la investigación de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) se remonta a junio de 2013, cuando EL PAÍS y la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) revelaron que Padrosa era apoderado de varias empresas de Corporación Fisiogestión cuando el CatSalut le adjudicó contratos por más de 150 millones.

Padrosa aseguró que todo era un “error” de su ex empresa al revocarle los poderes, pero la Oficina Antifraude (OAC) abrió una investigación que acabó cuatro meses después sin ver indicios de delito. La OAC, sin embargo, sí reclamó más controles de la Generalitat a sus altos cargos —Padrosa tardó 20 meses en presentar su declaración de bienes— y envió el caso a la Acco ante los indicios de prácticas contrarias a la competencia en el concurso del CatSalut.

La estrategia dio buenos réditos a las cuatro empresas ahora sancionadas, según el tribunal. Así, mientras en el resto de Cataluña las ofertas de las empresas licitantes eran hasta un 13% inferiores al precio base del concurso, en los cuatro lotes investigados el descuento fue del 7%. Este encarecimiento de la factura pública, según Competencia, se logró gracias a “la reducción o, incluso, eliminación de la competencia en el mercado” conseguida por la UTE con sus prácticas irregulares.

En la UTE era la empresa Iriteb la que tenía una mayor participación, del 49,6%, seguida de L'Eivax (29,4%), Fisioterapia (14,4%) y Carlg (6,5%). El tribunal, sin embargo, tiene en cuenta la facturación total de cada empresa obtenida en el concurso de 2012 para imponer las multas. Así, Fisioterapia se lleva la mayor sanción, seguida de Iriteb (240.000), L'Eivax (80.000) y Carlg (30.000). La resolución de Competencia cierra el proceso en vía administrativa y obliga a las empresas, si quieren recurrir las sanciones, a acudir a los tribunales. Este diario trató ayer de obtener, sin éxito, la versión de Fisioterapia e Iriteb.

Competencia también destaca que “se ha producido una fuerte concentración en el sector, ya que Corporación Fisiogestión controla gran parte de la prestación de servicios de rehabilitación y logopedia contratada por el CatSalut”. De hecho, si en la anterior licitación (en 2006) este grupo empresarial ganó en solitario el 32% de los contratos en liza y otro 18% integrada en UTEs, hace cuatro años estos porcentajes se dispararon hasta el 46% y el 25% del total, respectivamente.


El fallo abre ahora un nuevo escenario que el actual consejero de Salud, Toni Comín, deberá gestionar. Según la Ley de Defensa de la Competencia (artículo 1, puntos 1 y 2) las irregularidades acreditadas pueden llevar a la nulidad de las adjudicaciones ganadas por una UTE que actuó al margen de la ley, por lo que terceras empresas podrían presentar recurso. El CatSalut también podría actuar por iniciativa propia.

Salud declinó este jueves valorar la resolución hasta que tenga constancia formal. “Hemos conocido el caso por los medios de comunicación. Dada su importancia pedimos personarnos en el proceso, pero nuestra solicitud fue rechazada. Cuando recibamos la resolución, la estudiaremos y actuaremos en consecuencia”, afirmó un portavoz.