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La policía se lleva más información de la Mostra de Valencia de 2006

Investigadores del caso Taula se personan en el Ayuntamiento por más documentos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el caso Taula, un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas valencianas, se ha personado pasada la una de la tarde de hoy en el Ayuntamiento de Valencia en busca de más documentación relacionada con la presunta red, según han confirmado fuentes municipales. 

Los agentes han acudido directamente al servicio de archivo municipal y han pedido información sobre la celebración de la Mostra de Cine de Valencia del año 2006. Han sido, según estas fuentes locales, los únicos expedientes que se han llevado.

En septiembre de 2015, los agentes de la UCO ya registraron durante varias horas las dependencias municipales y se incautaron de "copiosa" documentación de la etapa en que la exedil del PP María José Alcón -esposa de el exvicealcalde Alfonso Grau- dirigía la Concejalía de Cultura de la capital. La exedil se vinculó solo seis meses antes con el conocido como caso Imelsa, que relaciona a Alcón con una supuesta trama de cobro de comisiones montada en la Diputación de Valencia.

Alcón, entonces asesora de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue apartada "cautelarmente" de su cargo y se cayó de la lista del PP en las últimas elecciones locales tras hacerse públicas estas grabaciones, ahora en manos de la justicia. En ellas, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y Alcón tratan sobre el presunto cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La exconcejal fue una de las personas detenidas en la Operación Taula de hace unas semanas.

En las grabaciones se puede escuchar a Benavent, imputado en el caso Imelsa, sugiriéndole a la exconcejal de Cultural, responsable de adjudicar el contrato de construcción de La Rambleta, que traslade a una de las empresas candidatas que su proyecto no era lo suficientemente bueno para poder "exigir algo".

La formación política de Esquerra Unida fue la que remitió al ministerio fiscal una serie de audios y documentos que dieron pie a que la fiscalía abriese la investigación en curso.

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